El Gobierno de Colombia acaba de anunciar que presentará al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, esta vez con el propósito de incrementar la tributación en las personas naturales (cuya tarifa máxima de tributación en renta llega hoy al 39%). Esto lo oímos entre quejas de empresarios que afirman que la Dian embarga cuentas sin aviso previo por obligaciones recién vencidas, y de grandes superficies a quienes les cierran temporalmente sus operaciones por diferencias interpretativas sobre incumplimientos en la expedición de facturas electrónicas.
Los contribuyentes son quizás el grupo de interés más representativo del país, ya que todos -de una u otra forma- pagan impuestos. Sin embargo, en Colombia, los contribuyentes son un grupo de interés que -como tal- no tiene vocero alguno. Ciertos gremios representan o abogan por los derechos fiscales de las empresas de su sector, pero hasta ahí. Existe la figura del Defensor del Contribuyente, pero este es un funcionario de la DIAN que, jerárquicamente, está debajo del director de dicha entidad y cuyas funciones son muy limitadas, por lo que su independencia y efectividad es relativa.
Por otra parte, se han conocido noticias sobre el gasto desmesurado e inoficioso del gobierno el cual -por supuesto- es pagado con los impuestos. No existe ningún organismo independiente y privado que supervise, vigile y audite que nuestros impuestos sean invertidos en los fines esenciales del Estado.
En la gran mayoría de los países del mundo existen ligas de contribuyentes. Estas son entidades gremiales -no partidistas- que abogan por los derechos de los contribuyentes a través de cuatro grandes actividades: 1) Cabildeo (lobby) ante los diferentes órganos de poder en donde se discuten las reformas tributarias (Congreso, Concejos, Asambleas), 2) Estudio, análisis y evaluación objetiva de todas las propuestas (públicas o privadas) que incidan sobre la tributación de los contribuyentes y actuación como tanque de pensamiento (o Think Tank) para el perfeccionamiento del sistema fiscal, 3) Control judicial de normas y medidas tributarias a través de litigio estratégico (constitucional y contencioso administrativo) de alto impacto y 4) Veeduría y auditoría permanente al gasto fiscal.
Las Ligas de Contribuyentes, para garantizar su neutralidad, se financian de los aportes de sus asociados y de las donaciones que perciban del público en general, de empresas privadas o de entidades sin ánimo de lucro tales como otras ligas de contribuyentes o Think Tanks, nacionales o internacionales. Estos aportes son invertidos, usualmente, en equipos de investigadores, lobbyistas, auditores y abogados, que se dedican a investigar y analizar las propuestas de cambios en materia fiscal (y a determinar posiciones estratégicas para los contribuyentes), a abogar por los cambios queridos en las instancias legislativas o regulatorias respectivas, a auditar el gasto fiscal y pedir explicaciones específicas al Gobierno y a litigar estratégicamente para efectos de poder lograr que los jueces anulen o declaren la inexequibilidad de normas fiscales ilegales o inconstitucionales.
Es hora de que en Colombia exista una Liga de Contribuyentes y que esta tenga un rol activo, protagónico y determinante en la construcción de nuestra realidad fiscal. Este es un modelo democrático que ha resultado ser exitoso en la mayoría de los países desarrollados del mundo, razón por la cual no debe tardarse más la implementación de esta iniciativa.
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