Efectos de las medidas en materia de insolvencia

El Gobierno colombiano adoptó algunas medidas de urgencia en materia económica para tratar de mitigar el impacto negativo de la pandemia del covid-19 sobre las empresas y el empleo que estas generan. Las medidas incluyen la creación de líneas de crédito, el pago parcial al sistema general de pensiones, la ampliación de los plazos para la presentación y pago de obligaciones tributarias, y la creación de un mecanismo exprés para la devolución de impuestos.

En materia de insolvencia, el Gobierno expidió los decretos 560 y 772 de 2020, que contienen medidas para flexibilizar el régimen de insolvencia regulado en la Ley 1116 de 2006. Sin entrar en detalle, se buscaron alternativas para permitir un acceso más rápido a los trámites de reorganización y reducir los tiempos de estos procesos, así como para simplificar los trámites de liquidación, con el fin de ayudar a la supervivencia de las sociedades con riesgos de iliquidez. Estos importantes pasos ya empezaron a dar algunos frutos, como se analiza a continuación.

De acuerdo con las cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades en el “reporte insolvencia posterior al 31 marzo de 2020” y en el “mapa de insolvencia del primer semestre de 2020”, con corte al 24 de septiembre del año en curso, el número de solicitudes hechas bajo el Decreto 772 (294) supera a las que se han hecho siguiendo lo establecido en la Ley 1116 (239). A ello hay que adicionar las solicitudes presentadas bajo los lineamientos del Decreto 560 (91), lo cual muestra una notoria preferencia de los empresarios a utilizar los mecanismos creados por el Gobierno como respuesta a la pandemia.

Adicionalmente, la flexibilización de los requisitos y de los procedimientos ha hecho que el número de solicitudes que son aprobadas por la entidad aumente en comparación con el año inmediatamente anterior, lo cual supone que han sido efectivas las medidas que buscan permitir un acceso más expedito y sencillo a los procesos de reorganización. En palabras del Superintendente Juan Pablo Liévano, “demuestra cómo la Entidad ha venido actuando de forma rápida y eficaz, en beneficio del sector empresarial que ha sido afectado por la crisis del cóvid-19, y para aplicar la normatividad de reorganización de emergencia, todo esto con el fin de que los procesos y trámites de insolvencia sean expeditos y de esta forma contribuir en la preservación de la empresa y el empleo”.

En el ambiente sigue estando presente el fantasma de nuevos cierres y de algunos rebrotes de la pandemia, pero se espera que el peor periodo ya haya pasado, por lo que son alentadoras las cifras que presenta la Superintendencia. A estas se les debe sumar las de empleos creados en agosto (1,3 millones según el Dane), que en conjunto permiten pensar que inició la recuperación económica. Si bien el aumento de solicitudes de insolvencia no es una cifra alentadora per se, muestra la voluntad de los empresarios de tomar las medidas a su alcance para darle continuidad a sus negocios y de preservar empleos.

El apoyo del Gobierno es una piedra angular en este proceso y las medidas adoptadas empiezan a mostrar un impacto positivo en la recuperación de la actividad económica. Estos pasos son importantes, pero sigue siendo necesario que el Gobierno monitoree los resultados obtenidos en esta etapa de reapertura de los comercios y siga adoptando medidas que den mecanismos efectivos a las empresas para sobrevivir durante estos duros momentos de zozobra económica.