Este 2020 será recordado históricamente como un año disruptivo, interrumpió de manera súbita en nuestra vida, introduciéndose con un ahínco desmesurado, en los lomos de una pandemia, que ferozmente arrebata las vidas de incautos, negacionistas y buenas personas, planteándonos una nueva realidad que ni siquiera podemos rechazar como un último acto de rebeldía.
Como en muchos escenarios, el covid desnudó todas las falencias superfluas y estructurales de todos los sistemas. El de salud fue el más expuesto, lidió con un toro bravo, de monstruosa presentación y malas formas donde apenas ejecutamos un primer tercio.
En medio de la cuadrilla está el sistema judicial, que siempre estuvo en el ruedo, pero los ropajes hechos de trapos viejos y de discursos encadenados al desconocimiento, lograron ocultar un cuerpo languidecido y enfermo por el oportunismo y la hipocresía.
Hoy son más que evidentes las falencias estructurales del sistema penal colombiano en pleno siglo XXI, la justicia depende de hojas de papel y tinta; la virtualidad está construida por los insumos de cada funcionario; una impunidad rampante; cargas inhumanas de trabajo; ausencia de insumos técnicos y de capacitaciones constantes; concursos de méritos torpedeados por la misma justicia que pretenden mejorar; corrupción en todos sus sectores; y siguen arrumándose las carpetas en los anaqueles.
Pensar que soñamos que con el cambio del sistema esas imágenes serían referentes a los cuales nunca íbamos a volver.
El panorama más triste y preocupante, donde se ruega por acceder a la justicia, son las representaciones de víctima. No fueron suficientes las torpes modulaciones constitucionales que realizó La Corte desde la sentencia C-209/07, desnaturalizando el sistema “acusatorio”.
Ahora ese contrapeso sui generis al accionar errático de la Fiscalía, en gran parte de sus casos, ha sido aberrantemente cercenado por la imposibilidad de acceder a los despachos del ente acusador sin importar los protocolos minuciosamente diseñados para tal actividad.
La representación de víctimas tuvo que mutar para dejar de ser un simple acompañante para constituirse en un verdadero censor del trabajo de Fiscalía y no solamente en la etapa de juicio ya que los procesos son especialmente vulnerables en la indagación. El mismísimo caso de Benjamin Button.
Cualquier argumento aguanta un archivo: “la imposibilidad de determinar el sujeto activo” se volvió el as bajo la manga para derruir cualquier expectativa de justicia, cuando los casos arrojan algo de dificultad.
En aquel romanticismo judicial, que el contexto nos plasmó forzosamente, se podía controlar y discutir con el fiscal genera de la nación argumentos en su despacho. Hoy estamos sometidos a un olvido selectivo y obligado por la dificultad de acceder a la información.
En un correo sencillo y frio, un asistente de un fiscal notifica la claudicación de la justicia ante la mediocridad, arropados por las innumerables trabas comunicacionales y tecnológicas que a un colombiano cualquiera le cuesta conocer una resolución de archivo, le nublan la existencia y ven cada día más, cómo la justicia se aisló en medio de la ley del menor esfuerzo.
Esas trabas tecnológicas y comunicacionales no existían antes. Hoy se suman a todos los problemas del sistema judicial que no cumplen con las expectativas de un Estado liberal mínimo, mientras las carpetas duermen en los anaqueles el plácido sueño de los justos.
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