En la época senatorial romana, en su etapa inicial, los pretores impartían justicia en algunos asuntos específicos. En una pequeña remembranza popular, se ilustraba al magistrado antes de tomar una decisión.
Este, escuchaba a cada una de las partes en su casa ya que debido a un accidente había perdido la movilidad de sus piernas. Cuando iba a decidir, procedía a taparse su cabeza con una cobija. Si bien este ejemplo se relaciona más con la idea de la imparcialidad e independencia judicial, considero que es aplicable a esta columna desde otra perspectiva.
El manoseo grosero y descarado del derecho penal, producto del populismo y proselitismo punitivo no es una hipótesis. No señores, es un hecho real y comprobable. No tiene partido, color o ideología.
Es un ejercicio irresponsable y maquiavélico en un afán de posicionamiento y legitimidad popular a costas del sistema, su funcionamiento y los derechos de la sociedad en general, que se ven engañados por discursos simples diseñados a la medida de lo que se quiere oír.
Como penalista sufro de una continua decepción política. Me encantaría quedarme como aquel magistrado romano, con la expectativa que nada turbe mi juicio, con la esperanza efímera de que un retazo de cobija pudiera hacerme olvidar la realidad.
Pero el día a día levanta el telón de aquel olvido autoinducido y me obliga a manifestarme, como la misma Corte Constitucional dijo en la sentencia T-762 de 2015, ante una “política criminal” reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad.
La última perla salvadora de la sociedad la celebró con júbilo la congresista Katherine Miranda del Partido Verde. El gozo estaba relacionado con la aprobación en el Congreso de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.
Mencionó que con este proyecto se atacará de frente la impunidad, pero, curiosamente, no se tomó ninguna medida que realmente ataque este flagelo. Me pregunto: ¿Dónde quedó la despenalización de conductas? ¿La promoción del concurso de méritos en la rama? ¿La necesidad de presupuesto adicional? ¿La implementación de virtualidad? ¿El mejoramiento de la infraestructura? ¿El personal adicional calificado? ¿Salarios justos para jueces, fiscales y defensores públicos? ¿La reivindicación y ampliación de los mecanismos alternativos de terminación del proceso penal? Congresista, la impunidad es el problema, pero usted no propone nada distinto, ni con visos mínimos de utilidad, para atacar esta problemática.
Lo único que se logrará con este proyecto, además de engañar a las personas con postulados que no solucionan la impunidad, es dejar de exigirle tiempos justos a la Fiscalía para que adelante sus investigaciones, ya que, si bien hoy la prescripción de los delitos sexuales se cuenta desde la mayoría de edad de la víctima, con este proyecto de ley no tienen término de sanción al Estado.
Sumado a que los casos de delitos sexuales que se resuelven, en su gran mayoría, son en los que se reaccionan ante una flagrancia o hechos muy cercanos. ¿Y los demás? ¿Cómo se asegurará la prueba durante tanto tiempo? Además, de tajo se eliminan las sanciones que se aplicaban a los funcionarios que dejaban prescribir los procesos. Cualquier expectativa de acceso a la justicia en términos razonables quedó difuminada en el tiempo. Las víctimas que buscaban proteger quedan a merced de la eternidad de la misma impunidad que buscaban combatir. Quién sabe cómo.
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