Juan Manuel Cuéllar
Colombia se encuentra en una encrucijada crítica respecto a su abastecimiento de gas natural, con proyecciones que señalan una posible escasez significativa a partir de 2025. Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, alertó durante el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) sobre la necesidad urgente de modificar la regulación vigente para evitar esta crisis.
La regulación actual requiere una revisión profunda para permitir una mayor flexibilidad en la comercialización del gas natural. Es fundamental que los productores tengan la capacidad de ofrecer gas de manera directa y temporal para satisfacer la demanda inmediata, así como la posibilidad de diseñar productos con una mezcla de fuentes de suministro. Este enfoque no solo garantizaría la continuidad del suministro, sino que también mantendría los precios competitivos y estables. En este sentido Anaya subrayó la importancia de crear una estructura de precios sostenible que fomente el desarrollo de todos los segmentos del mercado, incluyendo los sectores residencial, comercial, industrial y de movilidad. Una estructura de precios adecuada debe reflejar los costos reales de suministro y permitir una diferenciación según el tipo de mercado.
Los ajustes regulatorios sugeridos son cruciales para evitar el desabastecimiento de gas natural en Colombia. Primero, la flexibilidad en la comercialización permite que los productores respondan rápidamente a fluctuaciones en la demanda, evitando posibles interrupciones en el suministro. Una estructura de precios sostenible garantiza que los costos de suministro sean cubiertos, lo que permite mantener la operatividad y la expansión del sistema de gas natural sin depender exclusivamente de la volatilidad de los precios internacionales.
En este contexto, en que es inminente la importación de gas natural de Venezuela para cubrir el déficit proyectado, cómo lo anunció Ricardo Roa, presidente del Grupo Ecopetrol, en el mismo Congreso de Andesco. La regulación debe definir claramente las condiciones y responsabilidades para la importación, así como establecer mecanismos de financiación y distribución de los costos adicionales. Esta medida es vital para asegurar el suministro continuo y evitar una dependencia excesiva de la producción interna, que actualmente no es suficiente para satisfacer la demanda futura y para reducir la vulnerabilidad ante posibles interrupciones en la producción nacional. También es necesario implementar incentivos para la exploración de nuevos yacimientos y la explotación de recursos existentes, especialmente en áreas offshore, lo cual es esencial para garantizar un suministro a largo plazo.
Sin embargo, la implementación de estos ajustes regulatorios enfrenta varias limitaciones, empezando por interinidad en los nombramientos de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sobre la que nos hemos pronunciado junto a otros expertos en otras publicaciones y sobre la que en esta oportunidad queremos aprovechar para hacer énfasis en la necesidad de su adecuado funcionamiento para viabilizar la adopción de un marco regulatorio que alinee los intereses económicos de los diferentes actores del mercado, incluyendo productores, importadores y consumidores.
El adecuado funcionamiento de la CREG también es necesario para generar los incentivos adecuados que promuevan la acción de estos actores para resolver la falta de infraestructura adecuada para la importación y distribución de gas. La infraestructura actual es insuficiente para manejar la demanda proyectada y requiere una expansión significativa, lo cual implica inversiones sustanciales y tiempo para su desarrollo.
Finalmente, el marco regulatorio debe ser ajustado por la CREG para contrarrestar la desconfianza en el mercado internacional, especialmente la dependencia de la importación de gas desde países vecinos como Venezuela, que presenta riesgos geopolíticos y económicos evidentes y que en consecuencia exigen la formulación de políticas que permitan el abastecimiento de gas a largo plazo con otras fuentes.
Actuar de manera oportuna en la implementación de estos ajustes regulatorios ofrece varias ventajas. En primer lugar, favorece la seguridad energética del país al garantizar un suministro constante de gas natural, evitando interrupciones que pueden afectar negativamente a la industria y a los hogares colombianos. Además, una estructura de precios bien diseñada contribuirá a mantener precios estables y accesibles para los consumidores, protegiéndolos de aumentos abruptos que podrían resultar de la escasez. La adopción de un marco regulatorio claro y favorable puede atraer inversiones en el sector energético, promoviendo el desarrollo de infraestructura y la explotación de nuevos yacimientos de gas. Asimismo, la disponibilidad a largo plazo de gas natural es crucial para la transición hacia una matriz energética más sostenible, ya que este es una fuente de energía limpia que puede complementar las demás que tenemos disponibles en el país.
No actuar oportunamente en la implementación de estos ajustes podría tener graves consecuencias para el país. La inacción podría llevar a un desabastecimiento de gas natural a partir de 2025, lo que obligaría a racionar el suministro y afectaría a todos los sectores económicos y sociales. La escasez de gas puede resultar en aumentos significativos de los precios para los consumidores, afectando la economía doméstica y la competitividad de las industrias que dependen de este recurso. Además, la incertidumbre regulatoria puede disuadir a los inversores potenciales, retrasando el desarrollo de nuevas infraestructuras y la exploración de recursos energéticos. Finalmente, sin un marco regulatorio que promueva la producción nacional y la importación eficiente, Colombia podría volverse excesivamente dependiente de proveedores externos, lo cual implica riesgos adicionales en términos de seguridad energética.
En conclusión, es imperativo que Colombia adopte ajustes regulatorios en el sector del gas natural de manera oportuna para evitar una crisis energética inminente. La implementación de estas medidas no solo garantizará la seguridad del suministro y promoverá la estabilidad económica, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible del país. La actuación decidida y coordinada es esencial para asegurar un futuro energético seguro y estable para Colombia.
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