Reducción de la jornada laboral en Colombia: ¿estímulo o carga para las empresas?

El pasado 15 de julio el presidente Iván Duque sancionó el proyecto de ley 2101 mediante el cual “se reduce la jornada semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores”, y a otras disposiciones. En ese sentido, cabe la pena preguntarse si, en efecto, la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas en Colombia tendrá algún efecto significativo no solo en las condiciones de los trabajadores, sino, naturalmente, en las organizaciones.

Primero, un poco de contexto:

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), los horarios laborales de los países miembros equivalen, en promedio a 40 horas semanales. Un estándar que también han adoptado varios países de la región, como Uruguay, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile y Paraguay, en donde el promedio de la jornada laboral oscila entre 30 y 35 horas a la semana.

Entre los miembros de la Ocde, Colombia era justamente el país que contaba con la jornada laboral real más extensa (47,7 horas semanales), por lo cual, además de cumplir con los estándares internacionales en materia laboral, esta nueva ley se propone fortalecer la productividad, así como ayudar a la armonización entre la vida laboral y personal, buscando que los trabajadores pasen más tiempo en familia, amplíen sus conocimientos en temas educativos y disfruten un mejor descanso.

Naturalmente, las reacciones han sido diversas. Algunos sectores afirman que impulsará la productividad y generará beneficios para las empresas. Otros, por el contrario, señalan que solo encarece la nómina y los procesos productivos, frenando la reactivación y desincentivando la inversión.

En efecto, la nueva ley tendrá un impacto sobre la economía, pero su magnitud dependerá de la actividad económica. En el caso del trabajo de oficina o administrativo, el cambio se sentirá menos y es probable que los trabajadores aumenten su productividad. En el comercio y la industria se verá mayor impacto, porque a pesar del cambio en la jornada muchos procesos seguirán tomando el mismo tiempo, lo que deja a las empresas tres alternativas: pagar horas extra a los trabajadores ya calificados, optimizar sus procesos mediante inversión en tecnología, o contratar nuevo personal para cubrir los espacios.

Si bien no se crearán tantos empleos, la ley tampoco incentiva a las empresas a eliminar puestos de trabajo, por lo cual no deberían perderse empleos de forma masiva, como plantean otros sectores. Lo que sí sucederá es que se encarecerán algunos procesos productivos y esos sobrecostos los terminará asumiendo el consumidor final.

En aras de mitigar los impactos de esta nueva legislación laboral, las empresas deben asesorarse en temas contractuales, laborales y de cumplimiento. La clave del éxito en la implementación es la asesoría integral, que aborde desde lo conceptual, hasta la aplicación de la ley, en el caso específico de cada compañía.