Julio Durán Montoya
La importancia de la protección al medio ambiente y la regulación de la actividad productiva en la explotación de los recursos, es un tema que cada vez tiene mas transcendencia en la vida política de todos los Estados. En tiempos de pandemia, tienen aún más relevancia, ya que sus implicaciones están directamente ligadas con la supervivencia humana. Sin embargo, en Colombia estamos viendo la ocurrencia de fenómenos preocupantes que parecen desconocer esa circunstancia, y que pueden tener efectos devastadores para la economía nacional y la vida de los ciudadanos.
El primero de ellos es la deforestación, que no se ha reducido de manera significativa en los últimos años y parece no haberse disminuido durante la pandemia en Colombia y otras regiones de Latinoamérica. La mas reciente investigación de la revista Sostenibilidad Semana sobre esta problemática, presenta un escenario alarmante. Las cifras sobre su impacto han llamado a algunos investigadores a concluir que la palabra deforestación perdió el sentido para los gestores públicos, ya que lo que implica no es solo la remoción de los árboles, es la eliminación total del bosque y el ecosistema que lo compone que, además de toda su relevancia para la producción de oxígeno y proliferación de especies que polinizan la producción de alimentos (aun en cultivo de gran escala), previenen la llegada de virus que se encontraban en equilibrio en su hábitat natural.
Según cifras proyectadas (no hay cifra oficial aún) de los informes trimestrales emitidos por el Ideam, en lo trascurrido de 2020 ya se ha deforestado la totalidad de hectáreas de bosque en Colombia, que se arrasaron en todo 2019.
Lo anterior está atado con otro fenómeno clave y es, la eficiencia de la actividad de vigilancia que tienen las autoridades administrativas en Colombia. Lo que estamos viendo en el marco de esta crisis, es que las autoridades públicas tuvieron un revolcón en el manejo de sus procedimientos. En materia ambiental el Ministerio de Medio Ambiente, digitalizó la actividad de solicitud de trámites de concesiones, permisos o licencias. A su vez, suspendió procedimientos sancionatorios en curso y prohibió la suspensión de lo presencial que no pudiera hacerse electrónicamente, salvo lo que tuviera disposición especial. Sin embargo, las cifras proyectadas de deforestación parecen evidenciar que existen fallas en esa actividad y que dichas fallas pueden producir daños irreparables para el futuro, cómo lo ha establecido el Instituto Humboldt “cada hectárea deforestada tiene un valor único”. La pregunta que surge entonces es: ¿Están listas las autoridades ambientales para gestionar lo que se avecina con la reactivación de la economía?
El gobierno debe promover políticas sensatas que fortalezcan el Sistema Nacional Ambiental y su financiación, para que la actividad productiva en Colombia se desarrolle (y reactive) en armonía con las instituciones públicas que la vigilan, con procedimientos eficientes y coincidentes con los de sus vigilados. Para salir de la crisis, no se debe reforzar la dicotomía de empresa/productor vs. autoridad, sino por el contrario, se debe hacer una alianza estratégica con el fin que, el dejar de deforestar, no signifique estancar la producción. La palabra clave ahí es; sostenibilidad, y solo se puede propender por ella con el involucramiento todos los interesados e iniciativas de restauración. Serán las autoridades encargadas de esa tarea y para ello, sus procedimientos deben ser coherentes y eficientes con dichas necesidades.
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