Política de Transición Energética

La transición energética ha sido uno de los ejes centrales de la política pública de Colombia en los últimos años y se han trabajado y proferido múltiples políticas e instrumentos para impulsar su implementación. No obstante, en el documento Conpes 4075 de 2022 se expone la necesidad de crear la Política de Transición Energética debido a que los avances a la fecha solo han logrado plantear de manera parcial las bases del proceso que se han caracterizado por la débil articulación entre los sectores que representan la base del desarrollo energético colombiano.
A la fecha, Colombia ha realizado importantes avances en la implementación de la transición energética. Por ejemplo, en el sector energía eléctrica se ha impulsado la diversificación de la matriz energética con fuentes no convencionales y el desarrollo de mecanismos de eficiencia energética; en el sector de hidrocarburos se ha avanzado en el desarrollo instrumentos en materia de gas natural, GLP, biocombustibles y combustibles líquidos; en el sector minero se ha promovido la formalización de actividades extractivas y transversalmente a todos estos, se expidió el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero energético.
A pesar de los avances, el sistema energético colombiano no ha alcanzado niveles suficientes para asegurar la confiabilidad a partir de las nuevas fuentes de energía. Por ello, se requiere realizar acciones en otros sectores como el de hidrocarburos, que aporta el respaldo requerido y asegura la atención del servicio público domiciliario de gas, el de movilidad y transporte y el de minería, que podría llegar a aportar minerales estratégicos para la transición energética como cobre, níquel, platino, y oro.
En este contexto, la Política de Transición Energética tiene como objetivo general consolidar el proceso de transición energética a través de acciones y estrategias intersectoriales que fomenten el crecimiento económico, energético, tecnológico, ambiental y social de Colombia.
Esta Política está planeada para un horizonte de ejecución de seis años comprendidos entre 2022 y 2028, y busca que 19 entidades de orden nacional implementen 97 acciones. De acuerdo con el documento Conpes, representará una inversión total de $306.378 millones.
La Política tiene los cuatro ejes estratégicos: (i) incrementar la seguridad y confiabilidad energética, (ii) recursos y estrategias para promover la innovación y el conocimiento en transición energética; (iii) medidas para el fomento de la competitividad y el desarrollo económico desde el sector minero energético, y (iv) emisiones de gases efecto invernadero, GEI, asociadas al sistema energético del país.
Para desarrollar estos ejes, se plantean diversas líneas de acción propias del sector minero-energético, como las medidas de eficiencia energética, el desarrollo de fuentes convencionales y no convencionales de energía, el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector y la producción de minerales requeridos para la transición. A su vez, la Política también desarrolla líneas de acción relacionadas a otros sectores, como las de movilidad sostenible, los programas de economía circular y el financiamiento para el ascenso tecnológico en el sector transporte.