Las alertas que deja el decreto de presupuesto 2024

Las recientes discusiones que se han tenido en diferentes escenarios en relación con la ausencia de cerca de 13 billones de pesos en el decreto de liquidación del presupuesto de 2024, generan unas alertas que merecen toda la atención para reflexionar y hacer un llamado a prevenir los posibles los efectos negativos que pudieran causarse a la reputación de la Nación.

Colombia se ha caracterizado por más de un siglo de cumplir sus obligaciones con sus financiadores y producto de esta reputación, el sector financiero nacional e internacional y los diferentes bancos multilaterales, han tomado como ciertos los compromisos de vigencias futuras que ha adoptado la Nación ante las instancias competentes para la construcción de importantes proyectos de infraestructura e incluso, plasmado en los convenios de cofinanciación con las entidades territoriales.

Un ejemplo claro es la primera línea del metro de Bogotá. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) ha comprometido esos recursos que deben llegar de la Nación para dos propósitos. Por una parte, los recursos asignados bajo las vigencias futuras de la Nación comprenden la principal fuente de pago de los créditos que ha asumido con las entidades multilaterales y de desarrollo, y en caso en que la EMB no haga esos pagos, estas servirían como contragarantía a la Nación en el evento que los acreedores de EMB hagan efectiva la garantía de la Nación. Así que, si se llegaren a necesitar esos recursos para atender el servicio de la deuda con cualquiera de los bancos financiadores, ¿se va a activar la garantía de la Nación y luego arreglamos?

A lo anterior hay que sumarle que la Nación se había comprometido con la EMB a realizar todos los trámites requeridos a fin de cumplir con los compromisos adquiridos bajo el convenio, para la incorporación de las partidas en los presupuestos anuales. Esta situación se repite en los diferentes convenios de cofinanciación que ha celebrado la Nación con las entidades territoriales en los últimos años. Así, significa que la renegociación de vigencias futuras de las que se ha hablado en los últimos días implica que las entidades territoriales no solo deben perdonar a la Nación el incumplimiento de sus obligaciones, sino que también deben prepararse para renegociar a su vez los convenios de cofinanciación con la Nación e incluso, los contratos celebrados con terceros que, dando aplicación al principio de planeación, tienen como fuente de pago el cronograma de giros incluido en los convenios de cofinanciación.

Ahora, el revuelo actual no afecta solamente los compromisos ya adquiridos sino también los que se proyectaba que serían adquiridos bien fuera por la Nación y sus entidades descentralizadas, particularmente la ANI, o por los particulares a quienes les han sido adjudicadas licitaciones y actualmente se encuentran en proceso de obtener el cierre financiero para su construcción. En efecto, la consecución de nuevos recursos provenientes de operaciones de endeudamiento para la materialización de proyectos estratégicos para el país se puede entorpecer ante la reevaluación que pueden hacer potenciales acreedores de la principal y, más segura fuente de pago con la que hasta la fecha cuenta el sector de infraestructura: la palabra de la Nación.

*Lina María Londoño, directora de corporativo Mendoza Abogados