¿Qué ha pasado con la “Nueva Ley Minera”?

En las conversaciones dentro de la industria minera del país, surge con frecuencia una pregunta que, a pesar de su aparente sencillez, es de gran importancia: “¿Qué ha pasado con la nueva “Ley Minera”?” Esta duda refleja el estado de incertidumbre en el que se encuentra la industria y sin señales claras de una pronta resolución.

La denominada “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, fue publicada en su versión para comentarios por el Ministerio de Minas y Energía el pasado 16 de febrero, es decir, han transcurrido más de seis meses sin que este Proyecto haya sido puesto en consideración del Congreso para su trámite legislativo, por lo cual, nos encontramos ante un borrador sin efecto alguno y al que, valga la pena decirlo, aún se le pueden realizar comentarios a pesar de que la fecha límite para ello, según el mismo Ministerio, era el 31 de marzo pasado. Una situación bastante particular.

La justificación para que el borrador no haya sido radicado aun, pareciera ser que el mismo se encuentra en el proceso de consulta con sujetos étnicos que serían impactados directamente por una eventual ley, pero, la falta de información sobre el desarrollo de dichas consultas le hace un flaco favor al trámite del borrador de proyecto de ley, sobre todo, de cara a la industria minera en general y a la necesidad de conocer los pormenores de un proyecto de ley que modificaría la forma de entender y desarrollar la minería en el país.

A pesar de que es poca la información que se tiene sobre el borrador del proyecto de ley después de su publicación; debido a su trascendencia, este ha sido analizado, estudiado y comentado por todos los actores del sector minero colombiano: academia, gremios, mineros y hasta el Gobierno se han dado cita en diferentes espacios para comentarlo. Los análisis se efectúan a pesar de ser un borrador, a pesar de que este se encuentra en un estado de suspenso del cual solo saldría cuando empiece a ser debatido en el Congreso de la República, pero, sobre todo, se realizan porque este se ha convertido en un elemento más de la incertidumbre jurídica que se ha establecido como la normalidad de este importante sector económico en el país.

La falta de definición frente a esta norma, la cual cambiaría de manera sustancial el ordenamiento jurídico minero colombiano, no es un mensaje positivo para la industria y, mucho menos, para una sociedad que debe tener reglas claras sobre cómo se aprovecharán los recursos naturales no renovables de propiedad estatal. En ese sentido, se debe tener en consideración que las modificaciones propuestas no son mínimas, debido a que, desde un análisis jurídico serio, se podría asegurar que esta ley derogaría el actual Código de Minas e introduciría novedades importantes, tales como la eliminación de la actividad minera de su categoría de “utilidad pública”, además de establecer la prohibición de otorgar nuevos títulos mineros para la exploración y explotación de carbón térmico o el desconocimiento del principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” para el otorgamiento de los títulos mineros.

A pesar de todo esto, mientras el proyecto de ley siga siendo un borrador, no queda más que seguir esperando, analizando y preguntándonos no solo qué pasará con este potencial proyecto de ley, sino también qué futuro le espera a la industria minera.