El impacto económico de la fuga de carbono

El año 2022 es decisivo para Colombia en materia de acción climática. Según la contribución nacionalmente determinada por Colombia (“NDC” por su sigla en inglés) en el marco del Acuerdo de París, el país se comprometió a reducir en un cincuenta y uno por ciento (51 %) las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (“GEI”) con respecto al escenario de referencia a 2030, y a alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en el año 2050.

Para lograr este objetivo, Colombia se comprometió a indagar sobre el uso de instrumentos económicos transparentes que apoyen este fin.

En este sentido, existen principalmente 2 instrumentos de mercado para ponerle un precio a las emisiones de carbono y así lograr la reducción de GEI: el comercio de emisiones y el impuesto al carbono.

Así, un sistema de comercio de emisiones es una herramienta económica mediante la cual los Gobiernos crean un mercado de derechos para emitir GEI. Para esto, se establece un tope máximo de GEI que determinados agentes pueden emitir, usualmente aquellos cuyas actividades tienen un mayor impacto contaminante. Estos topes son representados en derechos de emisión o cupos transables, cuyo valor se espera que sea regulado en gran parte por la oferta y demanda en dicho mercado.

En Colombia se creó el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (PNCTE) mediante la Ley 1931 de 2018, en virtud del cual se establecerán y subastarán cupos transables de emisión de GEI. Sin embargo, a la fecha no se ha puesto en marcha este programa que ya está establecido en diferentes jurisdicciones, como la Unión Europea, el estado de California en los Estados Unidos y México.

Y es que este mercado no solo es relevante en términos medioambientales para Colombia, también tiene un alto impacto económico. Previendo una posible fuga de carbono a través de importaciones provenientes de países sin este tipo de mercados, la Unión Europea anunció en julio 2021 la implementación de un mecanismo de ajuste al carbono en las fronteras (“CBAM” por su sigla en inglés).

La fuga de carbono hace referencia a trasladar la producción de bienes y servicios a otros países donde no existen limitaciones de emisiones o sus restricciones son mucho más relajadas, lo que iría en contra de las metas acordadas por los países que conforman la Unión Europea.

Por lo tanto, este mecanismo busca favorecer el comercio con países cuya producción de bienes y servicios es más eficiente en términos de emisiones de GEI, apoyados por un sistema de comercio de emisiones similar al de la Unión Europea. De esta manera, los importadores deberán certificar que la producción que ingresa a la Unión Europea ha tenido un impacto similar en términos de emisiones de GEI al que hubiese tenido de provenir de ese territorio.

Por lo anterior, los exportadores colombianos podrían ver disminuidas sus ventas si no pueden certificarles a los importadores de la Unión Europea una producción eficiente como resultado de un comercio de emisiones de carbono. Teniendo en cuenta que el CBAM se pondrá en marcha a partir del año 2023, el Estado colombiano debe poner en funcionamiento el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de Gases de Efecto Invernadero cuanto antes, para así evitar un alto impacto económico negativo para los exportadores del país. Por su parte, los empresarios deben tomar como política prioritaria una producción más eficiente en términos de emisiones GEI y hacer una transición que les permita mantenerse competitivos en mercado nacional e internacional.

En el 2022 Colombia debe demostrar su compromiso con el desarrollo económico sostenible.