Racionalidad humana en la justicia: Un límite esencial ante el avance de la Inteligencia Artificial

La Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, marca un hito en la discusión sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración de justicia en Colombia, especialmente en relación con el principio de no sustitución de la racionalidad humana. Este principio, aunque no completamente nuevo, adquiere un protagonismo especial en un contexto donde la tecnología avanza rápidamente y desafía las bases del derecho tradicional.

Tal como lo dice la Alta Corte, es la ¨imposibilidad ética y jurídica de sustituir la acción y la responsabilidad del individuo de la especie humana en la gestión de las actuaciones y decisiones judiciales¨ , es decir, que si bien las herramientas tecnológicas pueden apoyar la labor judicial, la toma de decisiones en los procesos debe estar siempre en manos de un ser humano. Este principio se conecta con el derecho al juez natural, que garantiza que las decisiones judiciales sean tomadas por una persona con las características necesarias para interpretar, analizar y decidir conforme a los hechos y al derecho. En consecuencia, la intervención de la IA en este ámbito, debe ser limitada y supervisada estrictamente para evitar que la tecnología desplace al juez en su rol central.

Ahora bien, dicho principio no es enteramente nuevo, ya existía implícitamente en el derecho al debido proceso y en la garantía del juez natural. Sin embargo, su formulación explícita y la atención que recibe en el contexto de la IA, son novedades significativas que generan un precedente en esta nueva era digital.

La Corte deja claro que la IA puede ser útil para tareas administrativas o de apoyo documental, pero nunca para la toma de decisiones judiciales que involucren la interpretación de hechos, la creación de contenido jurídico o la solución de controversias. La racionalidad humana implica la capacidad de ponderar, valorar contextos y aplicar normas con un criterio insustituible por un algoritmo.

La sentencia también advierte sobre los riesgos del uso indiscriminado de la IA en la justicia, como los sesgos presentes en los algoritmos y la falta de transparencia en su funcionamiento. La racionalidad humana se constituye como una barrera contra estos riesgos, asegurando que la justicia siga siendo un proceso donde se valoran los derechos fundamentales y se respetan las garantías procesales.

El reconocimiento explícito de este principio, es un paso crucial hacia la regulación del uso de la IA en la justicia. Si bien la tecnología puede mejorar la eficiencia del sistema judicial, su uso debe estar orientado a lo que la Corte denomina "apoyo a la función judicial," sin invadir terrenos que corresponden exclusivamente a la deliberación y decisión humana.

Por lo tanto, en la era de la inteligencia artificial, la Sentencia T-323 de 2024 nos recuerda que, aunque las herramientas tecnológicas ofrecen oportunidades significativas para mejorar la eficiencia del sistema judicial, es crucial mantener un equilibrio. La integración de la IA debe hacerse con cautela, respetando los principios éticos y legales que fundamentan la justicia. La racionalidad humana no solo es indispensable para interpretar y aplicar el derecho, sino que también es esencial para preservar la confianza pública en un sistema judicial que debe ser imparcial, transparente y sobre todo humano.