Retos del Decreto de Competencias Ambientales Indígenas

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó, el pasado 17 de julio, el proyecto de Decreto “Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades”, a fin de recibir comentarios y aportes antes de su expedición. La norma tiene como objetivo implementar un marco normativo que regule el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental, así como el desarrollo de sus competencias.

Si bien el propósito es dar un paso decisivo hacia la autonomía ambiental de los territorios indígenas, fortalecer las capacidades de las autoridades locales en este ámbito, y mejorar la coordinación con otras entidades gubernamentales, es fundamental tener claro los desafíos que conlleva su implementación y abordarlo de una manera cuidadosa desde una perspectiva legal.

Es esencial que las comunidades indígenas participen activamente en la elaboración y aplicación de estas normativas, pues el proceso de consulta y el consentimiento previo, libre e informado son fundamentales para asegurar la legitimidad del decreto, el respeto por los derechos humanos y la justicia ambiental.

Dentro del articulado propuesto por el ministerio, se destaca la importancia de la coordinación entre autoridades indígenas y otras entidades. Sin embargo, existe el riesgo de que las disposiciones del decreto entren en conflicto con la Constitución, especialmente en lo referente a la distribución de competencias y la unidad del Estado. Es crucial garantizar que el decreto respete los principios constitucionales sin vulnerar la estructura estatal.

Por otra parte, se introducen términos como “derecho mayor”, “Ley de origen”, “derecho propio” entre otros, que son ambiguos y generan incertidumbre jurídica, por lo que es necesario precisar estos conceptos para evitar escenarios de conflicto.

Aunque el decreto promueve la “Coordinación Ambiental Efectiva”, no detalla los procedimientos específicos para su implementación, lo que puede llevar a conflictos de competencias y dificultades en la gestión ambiental.

Respecto a la inclusión de autoridades indígenas dentro del SINA y el otorgamiento de competencias en materia de ordenamiento territorial, se generan varias dudas: i) no queda claro cómo se llevará a cabo la coordinación y articulación entre las distintas autoridades; ii) las autoridades ambientales cuentan con un sustento técnico que brinda seguridad jurídica en sus decisiones, pero no es claro cómo será ese sustento para que las decisiones de las autoridades indígenas sean legítimas; (iii) se faculta a las autoridades indígenas para imponer sanciones, lo cual implica una modificación al régimen sancionatorio ambiental, generando escenarios de incertidumbre jurídica.

Por último, se identifica un riesgo frente al impacto en los derechos de terceros, pues si bien los territorios indígenas hacen parte del ámbito de aplicación de la norma, la implementación del decreto puede afectar derechos de terceros que no pertenecen a estas comunidades. Aquí, es esencial prever mecanismos de resolución de conflictos que garanticen el respeto de los derechos de todos los involucrados.

Uno de los principales retos será entonces garantizar que haya claridad en las responsabilidades y competencias de las autoridades indígenas, pues es importante que se definan los límites y alcances de las competencias ambientales para evitar superposiciones y asegurar una coordinación efectiva. Esto no solo facilita una gestión ambiental eficiente, sino que protege los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus territorios y recursos naturales.

Además, debemos considerar cuidadosamente cómo manejar los conflictos que puedan surgir entre las autoridades indígenas y otras entidades. La inclusión de procesos de mediación y arbitraje que respeten la autonomía de las decisiones indígenas será necesaria para fomentar la estabilidad legal.

En conclusión, aunque este proyecto de decreto representa un paso importante hacia el fortalecimiento de los derechos ambientales y autónomos de nuestros pueblos indígenas, se deben abordar estos desafíos de una manera cuidadosa para evitar escenarios de conflictos y lograr una armonización efectiva.