¿Gobierno de leyes o de hombres?

Si se quiere que la globalización sea un impulso para el desarrollo social de un país, es necesario que la globalización vaya de la mano con la consolidación del estado de derecho. Así, un país en el que el estado de derecho se ha consolidado, es un país que restringe el ejercicio arbitrario del poder subordinándolo a las leyes, es un país en el que rige el imperio de la ley y no el de los caprichos de los hombres. También, un mercado en el que el estado de derecho se ha consolidado, es un mercado más atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, en el que no hay temor de acciones ni decisiones arbitrarias, pues hay seguridad de que en todo caso gobernará el debido proceso. Ahora, un país en el que el estado de derecho se ha consolidado, no sólo protege las transacciones económicas sino que también asegura que los costos y los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera equitativa.

Así, cuando se brinda seguridad a la inversión, nacional y extranjera, la generación de riqueza no sólo se estimula, sino que se irriga y se multiplica por toda la sociedad. Cada peso adicional que se inyecta en la economía del país estimula el gasto, generando mayores oportunidades de empleo y más capacidad de compra, multiplicando el primer impacto de ese peso inicial. En cambio, un estudio de 730 nuevas compañías colombianas entre 1997 y el 2001, comprobó que entre mayores son los niveles de corrupción y violencia y por ende menor la influencia del estado de derecho, menor es la probabilidad que estos negocios prosperen y sean rentables, limitando significativamente el impacto social de cada peso invertido.

Los beneficios de la estabilidad del estado de derecho, se logran permear en una sociedad cuando se tejen pautas fundamentales por las cuales todos se rigen con convicción. Es simple, la consolidación del estado de derecho se traduce en transparencia, en honestidad, en justicia, en responsabilidad, en paz, en solidaridad, en civismo y en rechazo a la corrupción.

Consolidar el estado de derecho en las entrañas de una sociedad no es tarea fácil, no obstante Colombia ha demostrado que asumió el reto. Según el Banco Mundial, el número de colombianos en la pobreza disminuyó del 42% en el 2008 al 27.8% en el 2015, la inflación bajó del 7,6% en el 2008 al 1,8% en el 2014, el tiempo necesario para iniciar un negocio disminuyó de 34 días en el 2008 a 11 días en el 2015. A su vez, el ingreso nacional bruto del país aumentó de US$ 4.660 en el 2008 a US$ 7.926 en el 2014, el crecimiento del PIB anual aumentó del 3,5% en el 2008 al 4,6% en el 2014, y la inversión extranjera directa creció de US$ 10.600 millones en el 2008 a US$ 16.200 millones en el 2014.

Estos resultados se han dado gracias a que se han dado las condiciones propias para que el estado de derecho se consolide cada vez más. Por un lado, construyendo el sustento jurídico que este reto requiere, con la adopción de normas como: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en el 2003; el capítulo sobre Seguridad Democrática en el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 y el de Buen Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo del 2010; el Estatuto Anticorrupción y la creación de la Secretaría de Transparencia en el 2011; el CONPES 167, la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) y la convención con la Unión Europea para la lucha contra la corrupción en el 2013; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el 2014.

También, con el proceso de integración a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia adoptó políticas a favor de la transparencia y el bienestar general. Así, Colombia se adhirió a la Convención de Asuntos Fiscales de la OCDE, comprometiéndose a intercambiar información tributaria con otros 62 países. Aparte, Colombia hoy en día trabaja en la reforma tributaria que busca, entre otros objetivos, reducir la evasión fiscal y fortalecer la administración tributaria del país.

Además, ante la necesidad de mejorar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia, Colombia adoptó el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y la Ley sobre Acceso al Crédito y Garantías Mobiliarias.

Todo este esfuerzo de Colombia ha tenido sus recompensas, como en el 2011, cuando el país recuperó la calificación como “grado de inversión” después de haberla perdido 12 años atrás, mostrando solidez y credibilidad.

También, el World Justice Project, entidad que califica el nivel del rule of law de determinados países, en donde 1 es la mejor calificación y 0 la peor, en el 2015 calificó a Colombia con 0.50, ocupando la posición #62 entre 102 países calificados. Así, hoy en día Colombia se destaca frente a países como Perú (#63), China (#71), Rusia (#75), Ecuador (#77), México (#79) y Venezuela (#102 de 102).

Por su parte, la ONG Transparencia Internacional ubicó a Colombia en el puesto #83 entre 167 países clasificados en el Índice de Percepción de Corrupción. Lo que significa que Colombia se destaca frente a países como Perú (#88), México (#95), Bolivia (#99), Argentina (#107). Ecuador (#107) y Venezuela (#158).

Colombia va por buen camino, no obstante, no hay que perder el impulso, hay que aprovechar y hacer más palpables los beneficios que la estabilidad de la consolidación del estado de derecho brinda a todos. Así, Colombia tendrá más bases para luchar contra la corrupción, brindar orden y seguridad, acabar con la justicia informal, proteger los derechos fundamentales, e impulsar bienestar y desarrollo general.