La justicia en el fútbol colombiano, un árbitro sin tarjetas

El 17 de julio de 2024, Mindeporte requirió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) introducir cambios a su normativa, los cuales contradicen la regulación internacional de FIFA en torno al deporte rey. Las dos principales modificaciones consisten en:

(i) Eliminar la sanción deportiva que prohíbe a los clubes realizar transferencias o inscripción de jugadores en caso de incumplimiento a sus obligaciones; y
(ii) Habilitar el acceso a los tribunales ordinarios para solucionar materias disciplinarias o de libre disposición, sin que ello dé lugar a reproche o sanción alguna.

Cabe resaltar que el fútbol - como otros deportes- está regulado por federaciones internacionales (como FIFA) que cuentan con un sistema de solución de controversias conformado por órganos o tribunales internos, y cuya última instancia generalmente corresponde al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En este contexto, se proscriben los recursos ante la justicia ordinaria.

Este sistema privado de justicia busca atender a la necesidad de uniformización en la aplicación de la normativa deportiva, así como, la adopción de decisiones especializadas, céleres y efectivas. Como pocos sistemas de justicia, la ejecución de las decisiones es casi inmediata, debido a la función de apremio de las sanciones deportivas.

El requerimiento de Mindeporte si bien no elimina este sistema de justicia, al limitar su obligatoriedad y sanciones aplicables, lo priva de fuerza vinculante: cual árbitro desprovisto de tarjetas. De esta manera, Colombia da un paso hacía la incertidumbre en materia de justicia deportiva, creando diversos riesgos.

A diferencia de países como España, Colombia no cuenta con tribunales ordinarios que respondan a las particulares necesidades para la solución de controversias deportivas. De esa manera, las partes interesadas podrían verse imposibilitadas de acceder a una justicia material que atienda a la urgencia y especialidad requerida.

Asimismo, se pone en riesgo la integridad de las competiciones deportivas por permitir la injerencia judicial en asuntos reservados a los organismos deportivos. Este es un asunto en el que FIFA ha sido especialmente recelosa, llegando en el pasado incluso a adoptar decisiones extremas como la suspensión de federaciones nacionales por intervencionismo político.

Bajo las circunstancias comentadas, el acceso a los tribunales ordinarios para la solución de asuntos deportivos no resulta ser la vía más adecuada. Si la preocupación de Mindeporte es la limitación al derecho de acceso a la justicia, una alternativa intermedia podría consistir en brindar un papel más protagónico a la vía arbitral.

Como es bien sabido, el arbitraje está dotado de virtudes como la flexibilidad y elección de árbitros expertos en la materia controvertida. Al estar reconocido constitucionalmente como mecanismo de administración justicia y los laudos estar sometidas a control judicial en anulación, el arbitraje permitiría salvaguardar los derechos que hoy motivan preocupación en la normativa de la FCF.