El proyecto de ley de infraestructura (parte II)

El traslado de las redes de servicios públicos. Ha sido amplio el debate sobre las demoras que en los proyectos de infraestructura ocasiona la gestión de compra de los predios, la consulta previa a las comunidades étnicas y la obtención de licencias ambientales.  Otro aspecto del que no se habla tanto,  pero que también genera dificultades en los proyectos, es el relacionado con la necesidad de trasladar redes de servicios públicos que entren en conflicto con proyectos de infraestructura de transporte.

El conflicto involucra aspectos económicos y jurídicos notables.  Si, por ejemplo, con ocasión de la construcción de una carretera se debe trasladar unas redes de energía, cabe preguntarse, sobre quién debe pagar tal traslado.  Podría ser quien gestiona la carretera, es decir, el Estado (los contribuyentes), los usuarios de la carretera (vía peajes) y los vecinos (vía contribuciones de valorización); o más bien debe pagar la empresa de energía, quien desde luego buscará el mecanismo para trasladar este costo a sus usuarios (vía tarifas).  La respuesta no es única,  pues hay varias aristas por considerar.  Así, el análisis no sería el mismo si las redes en cuestión son obsoletas o son nuevas, si las redes están ubicadas en predios propios o están en predios ajenos (servidumbres); o si el trazado del proyecto puede ser modificado a un costo razonable; o si las redes fueron tendidas en forma legal o no.  En el análisis también hay que considerar la discusión sobre si el valor a indemnizar es el correspondiente al costo de la red o más bien al valor de reposición.

El problema no es de poca monta. En el año 2009, con ocasión del proyecto “Ruta Caribe”, el entonces presidente Uribe indicó que uno de los principales problemas del proyecto era la reubicación de las redes de servicios públicos, porque financiar tal gasto reduciría los recursos disponibles en infraestructura. Añadió que los cálculos indicaban que hacer tal reubicación por cuenta del Gobierno, en todos los proyectos, costaría más de tres billones de pesos. En ese momento el gobierno contempló la idea de proponer que fueran las empresas de servicios públicos las que asumieran los costos de la reubicación y que tales costos serían deducibles del impuesto de renta.

El proyecto de ley de infraestructura que se debate en el Congreso en la actualidad, propone un régimen más integral para el tratamiento de este problema, que a mi juicio representa una mejora notable en relación con lo que se tiene hasta ahora.  

El proyecto propone que al momento de estructurar un proyecto de infraestructura, se realice un análisis de la pertinencia de trasladar redes, las condiciones técnicas, financieras y legales de tal traslado; y de la existencia de convenios previos que prevean tales traslados con las empresas de servicios públicos involucradas.  El proyecto también regula el procedimiento que debe seguirse ante las empresas de servicios públicos, la información que éstas deberán suministrar y la obligación de éstas de presentar una propuesta sobre los costos del traslado.

En caso de que no exista acuerdo sobre los costos del traslado, el proyecto dispone que la comisión de regulación respectiva dirimirá el conflicto.  Por otra parte, señala que las licencias ambientales que requiera el traslado deben ser tramitadas por la empresa de servicios públicos.

En cuanto a los costos del traslado, el proyecto de ley prevé que los pagará la entidad pública a cargo del proyecto de infraestructura, salvo los casos de redes hayan sido instaladas con la condición de retiro en caso de necesidad de ampliar la infraestructura de transporte. Así mismo, prevé que en algunos casos las empresas de servicios públicos podrán luego pedir a las comisiones de regulación la inclusión en las tarifas de los costos que hayan asumido.

En conclusión, aunque no existe una sólo forma de abordar y tratar los problemas derivados de la necesidad de trasladar redes de servicio público por necesidades de infraestructura de transporte, las propuestas contenidas en el proyecto de ley representan un gran avance para agilizar el proceso de traslado, evitar eternas discusiones entre los involucrados, y obtener soluciones rápidas a las diferencias que surjan.