En alguna columna anterior me referí a los retos que enfrenta el nuevo Gobierno del Presidente Iván Duque para continuar impulsando el programa de las concesiones viales en el país.
El más importante, probablemente, consiste en lograr dinamizar el mercado secundario de concesiones para facilitar así los cierres financieros y los desembolsos en esos proyectos.
El reto, sin embargo, no se limita a que los proyectos puedan ser adquiridos por inversionistas de primera línea. También incluye la necesidad de tomar la impopular pero imperiosa decisión de privilegiar el salvamento de los contratos por encima de las terminaciones unilaterales o las declaratorias de caducidad.
Es cierto que en muchos casos hay proyectos incumplidos, y contratistas que por diferentes razones no han podido hacer las obras al ritmo y con las características que los contratos les exigen. Pero también es cierto que el costo de oportunidad de terminar un contrato desde el punto de vista de estructuración, costos litigiosos, impacto en la comunidad y abandono de las vías incorporando los costos de mantenimiento y recuperación, hacen que estas herramientas deban ser el último recurso. Un caso paradigmático es el del importantísimo proyecto de Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena, para citar un ejemplo.
En esta medida, es necesario que desde el Gobierno se estructuren y establezcan mecanismos que permitan facilitar de manera rápida y práctica el reemplazo de concesionarios incumplidos y la participación de diversos actores interesados en dichos proyectos.
Para ello, por una parte, es necesario desarrollar las figuras contractuales relacionadas con el otorgamiento de plazos de cura y periodos de remedio en favor del concesionario, que le permitan a nuevos participantes subsanar incumplimientos y flexibilizar planes de obra sin correr el riesgo de incurrir en responsabilidad por multas y sanciones.
Por otra parte, se deben plantear esquemas que permitan que los nuevos inversionistas puedan hacer un empalme eficiente con el concesionario saliente, por ejemplo en los temas asociados a la cesión de licencias, permisos, títulos prediales y negociaciones con las comunidades.
Adicionalmente, se debe examinar la posibilidad de diseñar incentivos para la participación de instituciones financieras que deseen respaldar proyectos que no hayan alcanzado el cierre financiero aún por ejemplo, a través de la flexibilización de formalidades y tiempos.
Que quede claro. No estamos abogando por tener contratistas irresponsables. Pero hay cientos de circunstancias que pueden dar lugar a que un proyecto tenga tropiezos, y si no resulta claro que terminar el contrato es generalmente más indeseable que las flexibilidades que hay que implementar para salvarlo, terminaremos como país lapidando contratistas y con las obras abandonadas.
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