Aquí vamos otra vez

En las últimas semanas, como consecuencia del resultado electoral, el país en pleno está absolutamente expectante. Como siempre, la idea de un nuevo gobierno (con independencia de las preferencias) será la oportunidad de ajustar algunos tornillos, cambiar algunas tuercas e introducir nuevas poleas a todo el entramado nacional, eso sí, respetando como debe ser las facultades constitucionales y la división de poderes.

En ese marco de expectativas y propuestas que serán implementadas (o procurarán serlo), el programa de gobierno del actual presidente electo, en el capítulo titulado “Democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción”, además de mencionar una “restauración” al “equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera”, también reitera su obligación constitucional de respetar “el sistema de pesos y contrapesos”, afirmando que derrotarán “las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad”; para luego dar paso a lo que a mí personalmente más me interesa: la reforma a la justicia.

Según el programa, la reforma que pretende se hará a la justicia y a los organismos de control y los pilares son: “la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos [Masc]”. Hasta ahí, suena muy bien y, además, alineado con los avances que el gobierno saliente tuvo que implementar para enfrentar la pandemia: el uso de TIC en la administración de justicia que tanto he defendido en esta columna.

En cuanto al fortalecimiento de los Masc, me llama mucho la atención entender cómo logrará esto ya que llevamos años en esta labor, tanto que hasta la conciliación es un requisito de procedibilidad para la presentación de demandas en las que haya pretensiones de carácter económico ¿desde el Gobierno Nacional se buscará que los comités de conciliación de las entidades públicas sean más racionales y concilien sin temor a procesos disciplinarios o fiscales para evitar ese paso obligado que en más de los casos resulta un saludo a la bandera? Amanecerá y veremos.

Pero el capítulo se queda corto, y tratar de encontrar las propuestas que sí están en cabeza del ejecutivo obliga a leer todo el programa. Con buen tino encontré que buscará fortalecer las defensorías, comisarías e inspecciones de familia a las que también monta en el bus de las TIC para que su reacción sea más eficiente y las alertas tempranas lo sean y no duerman en arrumes de expedientes o se pierdan en senderos burocráticos. Bien ahí, especialmente porque a través de esto puede darse una pronta intervención en casos tan críticos como los de violencia doméstica y protección de niños, niñas y adolescentes.

Por supuesto también buscará fortalecer “los procesos de investigación y juzgamiento de la justicia penal militar en perspectiva de la superación de la impunidad y colaboración con la justicia ordinaria y la transicional” sin esbozo alguno de acción para lograrlo.

Como siempre, me queda el sinsabor de ver que, de nuevo, para el gobierno la justicia se limita a temas penales (y en este caso habla de justicia restaurativa y víctimas) y organismos de control, olvidando que desde el gobierno central se requiere intervención dentro de sus facultades, para que la eficiencia judicial sea una realidad. Esperemos que la revisión de “la asignación y distribución del presupuesto” favorezca a la rama judicial.