Puntos medios

Hoy es el primer lunes de un nuevo gobierno que, a partir de sus declaraciones de campaña y su conocida visión y proyecto político, despierta y genera muchas incertidumbres, a pesar de sus recientes actos conciliatorios.

Su agenda, en donde el cambio climático, la reforma rural, los derechos sociales y una reforma tributaria ambiciosa que pretende recaudar más del doble de lo que pretendía la última reforma que hizo protestar a todo el país aún en medio de una pandemia, resultan inquietantes para varios sectores.

Todas esas banderas son loables y acordes con las políticas y compromisos internacionales del país y del nuevo presidente. Incluso, para sorpresa de algunos, desde hace décadas en Colombia ya existen herramientas constitucionales, legales y reglamentarias para que la agenda del nuevo gobierno se cumpla sin necesidad de crear nuevas reglas o recrudecer las que existen (que no son particularmente laxas).

Sin embargo, algunos mensajes del nuevo gobierno previos a su posesión resultan preocupantes, como el freno que el comité de empalme del nuevo gobierno logró en relación con la adjudicación del megaproyecto del

Canal del Dique, porque, en términos del comité, la gestión ambiental (licencias y consultas) no estaba lo suficientemente avanzada, a pesar de que la estructuración de ese proyecto lleva alrededor de 10 años y a la fecha ya se realizaron 16 consultas previas.

Medidas de esta naturaleza, tendrán un impacto en el desarrollo de infraestructura y la generación de inversión a través de la explotación de minerales (otro sector que también parece estar en la mira del nuevo gobierno).

Si bien los gremios han mostrado su disposición de mantener la continuidad en sus proyectos cumpliendo con las reglas que en materia ambiental, predial y social ya tienen, y han venido cumpliendo, una agresiva política ambiental y tributaria que afecte los proyectos de infraestructura y de Oil &Gas sin lugar a duda puede llevar a situaciones poco deseables que no se traducirán en ningún tipo de beneficio.

La gestión predial en un país donde la mayoría de tierra no está titularizada, de consultas previas o la obtención de licencias ambientales, son todos trámites que ya generan obstáculos pero que pueden, con este gobierno, agudizarse y paralizar proyectos o contratos en ejecución. Igual ocurre con la reforma tributaria tan anunciada.

Sin perjuicio de la opinión política que estos temas generan, es fundamental entender que cualquier cambio en este sentido nos impone varios retos y la necesidad de lograr puntos medios que permitan dar continuidad a los proyectos en condiciones justas que no lleven a situaciones de incumplimiento y, consecuencialmente, de parálisis al desarrollo del país.

La incertidumbre que esto despierta nos lleva a pensar que se avecinan distintas controversias que van desde reclamaciones por desequilibrio económico de los contratos (ius variandi) al modificar normas del orden nacional y constitucional que cambien las condiciones financieras de estos, pasando por el incumplimiento de contratos de estabilidad jurídica que llevarán a un no deseable escenario de reclamaciones de inversionistas extranjeros que pudieran llegar a alegar expropiación de sus recursos ante la paralización de sus proyectos hasta controversias de carácter ambiental en la medida en que las medidas para su protección superen en exceso la capacidad de las autoridades y los contratistas, por mencionar algunas.

Esperemos que todas estas elucubraciones sean solo eso y que al final sea posible armonizar las reglas existentes con el proyecto político que inicia.