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OPINIÓN

Todo mal

21 de junio de 2023

Santiago Soto Luna

Abogado especialista en derecho mineroenergético
Canal de noticias de Asuntos Legales

De castaño a oscuro
El pasado 31 de mayo, los colombianos nos acostamos preocupados con la certeza de que, una vez más, en los primeros días del mes que entra, el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía llevaría a cabo la formula para incrementar el valor del galón de gasolina en 600 pesos, lo cual ya es costumbre desde que inició el gobierno de Gustavo Petro, esto debido al déficit del Fondo para la Estabilización del Precio de los Combustibles FEPC. Lo primero que habría que decir es que el saneamiento de dicho fondo era una acción inminente que debía tomar este gobierno o cualquier otro que hubiese llegado a la presidencia de la Republica.
Sin embargo, preocupa es la falta de conocimiento y la improvisación en el proceso para sanear el déficit por un lado y también la ruta hacia la transición energética, en el cual por supuesto están incluidos los combustibles.

La verdadera brecha: del dogma de los funcionarios a la realidad del país

Lejos de los eufemismos del gobierno como por ejemplo el de la ministra Irene Vélez, que con ligereza afirmó que este incremento solo afecta a un porcentaje mínimo de la población, o la propuesta de una tarifa diferencial entre motos y vehículos, sin analizar consecuencias reales de discriminar la población entre “ricos y pobres” con la facilidad que se ha evidenciado por parte de los altos funcionarios y congresistas afines al gobierno nacional, o como el mismo presidente de la república Gustavo Petro que afirmó que el precio de la gasolina sube, no solo para sanear el déficit del FEPC, sino también evitar que las clases más vulnerables financien el fondo en favor de los propietarios de vehículos particulares.

Dicho lo anterior, lo único cierto es que el valor del combustible seguirá incrementando hasta nivelarse su precio con los valores internacionales del barril de crudo, lo cual podría superar los 16.000 pesos y ocasionaría un encarecimiento en varios sectores económicos y de la vida de los ciudadanos.

Más preocupante aun, es el hecho de que el presidente Petro haya señalado que no incrementaría el precio del diésel para evitar presión al alza del precio de los alimentos, debido a que estos transportan mayoritariamente en camiones que usan ese combustible, pero su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla lo haya contradicho manifestado en entrevista a Blu radio del 5 de junio que, una vez la gasolina llegue a 16.000 pesos, iniciaran incrementos en el precio del Diesel.

Crónica de una muerte anunciada

Así las cosas, el panorama que tenemos para el segundo semestre no es alentador:

El gobierno tiene la intención de seguir incrementando mensualmente el precio de la gasolina hasta llegar a 16.000 pesos /galón. Una vez se llegue a 16.000 pesos (con un excedente adicional), parara el incremento de gasolina e iniciará a subir mensualmente el precio del Diesel, lo cual además de generar un efecto negativo en el costo de vida de los ciudadanos, podría desencadenar un paro nacional que maltrate aun mas el comercio y la economía del sector productivo.

El incremento considerable del valor de la gasolina, que su efecto aun no es tan evidente toda vez que apenas ha subido 2.600 pesos, ocasionará también daños colaterales pues seguramente disminuirá el consumo de este, afectando en primera medida la actividad comercial en torno a la distribución minorista de combustible (grandes generadores de empleo formal) y en segundo lugar que a menor consumo, menos recaudo por concepto de sobretasa, que se reflejará en menores ingresos a vías departamentales y administraciones municipales por concepto de este impuesto.

Como si lo anterior fuera poco, se espera que durante el segundo semestre haya un fenómeno del niño que, si tenemos en cuenta las condiciones actuales de generación de energía, podríamos pensar que como dice un refrán, nos encontramos entre “el diablo y el mar azul profundo”, pues solo se vislumbra racionamiento, apagones e incrementos en la tarifa de energía, al tener que acudir a fuentes convencionales de energía, las cuales el gobierno tiene como bandera acabar quedando confinados a depender de la importación de hidrocarburos y derivados.

Desde la perspectiva económica, carece de toda lógica dejar de producir nuestro propio petróleo y refinar nuestra gasolina para dar paso a la importación total del combustible; desde el punto de vista ambiental y globalista, tampoco tiene sustento dejar de producir hidrocarburos para importarlo de otro país vecino que, por cuenta de la transacción, seguramente incrementará su producción interna.
Colombia será más pobre y menos competitiva y países vecinos como Venezuela seguramente aumentarán su productividad por cuenta de la improvisada política energética del gobierno actual, todo mal.

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