jueves, 27 de junio de 2024
Los efectos nocivos del cambio climático han orillado a la Comunidad Internacional a generar herramientas para fomentar prácticas que sustenten el Desarrollo Sostenible. Mecanismos transaccionales sostenible como los Créditos de Carbono y de Biodiversidad, se han convertido en los principales mecanismos transaccionales destinados a promover el interés del mercado internacional y de los mercados nacionales hacia la reducción de emisiones de GEI y en la protección de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.
A diferencia de los Créditos de Carbono, los Créditos de Biodiversidad buscan una participación más activa por parte de los beneficiarios de un servicio ambiental que, a través de un intercambio económico con un proveedor, buscan “mejorar las condiciones ambientales de un área, o la provisión de los servicios ambientales que dicha área ofrece” (Wunder citado en Fondo Acción, Fundepúblico y WCS 2016).
Si bien los Mercados de Carbono han sido ampliamente desarrollados en el contexto normativo nacional e internacional, hasta el momento, los Mercados de Biodiversidad han permanecido relativamente marginados a nivel regulatorio, lo que supone grandes potencialidades para el desarrollo de dicho mercado en Colombia, como un país megadiverso.
Colombia se ha enfocado en la regulación normativa de: las compensaciones por pérdida de biodiversidad, Bancos de Hábitat, Acuerdos de Conservación, Pago por Servicios Ambientales, entre otros. La estructuración de un mercado de créditos de biodiversidad aún es incipiente. Esta mora regulatoria, ha concluido en que el mercado nacional se vea influenciado por las tendencias internacionales de los instrumentos financieros sostenibles, llevando al propio mercado a asumir un papel de ente regulador.
Según las tendencias actuales, los Mercados de Biodiversidad en Colombia pueden clasificarse en: Obligatorios y Voluntarios.
Los Mercados Obligatorios de Biodiversidad nacionales surgen a partir de la figura de Pagos por Servicios Ambientales, que proporcionan incentivos económicos para el reconocimiento de las acciones y las prácticas asociadas a la preservación y restauración de ecosistemas. No obstante, BioFin y las Naciones Unidas señalan que este enfoque desarrollado por el mercado puede atentar contra los objetivos generales del PSA al centrarse más en el pago por el uso del suelo que en la provisión efectiva de servicios ecosistémicos.
Respecto a los Mercados Voluntarios, en Colombia no existe un mayor avance, toda vez que su desarrollo se encuentra desprovisto de mecanismos de trazabilidad nacionales que aporten seguridad jurídica a los actores económicos en su participación. Por esta razón, los interesados en estos mercados suelen recurrir al uso de certificaciones con estándares internacionalmente reconocidos como el de Clima, Comunidad y Biodiversidad o Biocarbon Biodiversity–BBS, que parten del requisito de adicionalidad, es decir que se logre demostrar la existencia de un aumento neto en la biodiversidad biológica a nivel paisaje por el proyecto.
En conclusión, los Mercados de Biodiversidad en Colombia son una oportunidad para la gestión y las compensaciones ambientales. Es crucial avanzar hacia una normativa robusta que propicie herramientas y bases regulatorias que permitan: desarrollar un mayor interés en el mercado natural para estas certificaciones y la promoción de los servicios ecosistémicos al compararlo con mecanismos ampliamente desarrollados como el de captura y retención de carbono.
*Valentina Restrepo Russi, asociada Junior- CMS Rodríguez-Azuero
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