Juan Carlos Forero Quintero
Es indiscutible el aporte de los comerciantes al sistema económico colombiano, lo dinamizan y constituyen una significativa fuente generadora de empleo.
Sin embargo, cuando las finanzas del empresario, sea este un comerciante persona natural o jurídica, no le permiten cumplir ordinariamente con sus obligaciones, resulta necesario anticiparse a escenarios de cierre o de inviabilidad del negocio a través de una estrategia jurídica: el proceso de reorganización empresarial, que es la herramienta legal entregada por el Estado colombiano al empresario para reestructurar, mediante acuerdos vinculantes con sus acreedores, el pago de las obligaciones en mora.
¿Existe una alternativa jurídica a la crisis financiera?
La actual coyuntura económica, en buena parte derivada de los hechos relacionados con la salubridad y el orden público en los últimos 26 meses, ha terminado impactando financieramente a un número considerable de empresarios y se constituye en causa de incertidumbre frente a la sostenibilidad económica de sus actividades mercantiles y de la protección del patrimonio invertido para el ejercicio profesional del comercio.
Sin embargo, ante este preocupante panorama, existe una alternativa legal que permite a los empresarios anticiparse a los no deseados escenarios de cierre o de inviabilidad del negocio: el proceso de reorganización, contenido en el Régimen de Insolvencia Empresarial, Ley 1116 de 2006, normativa vigente y aplicable, que ofrece importantes beneficios a los ejuan mpresarios cuando atraviesan dificultades financieras.
¿Cuáles son los requisitos y beneficios del proceso de reorganización?
El término “reorganización”, en sentido amplio, se refiere a un conjunto de procedimientos cuya finalidad es permitirle al deudor (empresario) superar sus dificultades financieras y reanudar o continuar con el normal funcionamiento de sus operaciones comerciales.
Este proceso busca amparar al deudor mediante la realización de un acuerdo que él celebra con sus acreedores, para el pago de las acreencias vigentes al momento de la apertura del proceso.
En términos puntuales, los requisitos para presentarse al proceso de reorganización son: dos o más obligaciones en mora por más de 90 días, o estar demandado en dos o más procesos ejecutivos o de restitución.
Por otra parte, entre los beneficios de la reorganización, se destacan: conservación de empleos; formulación de acuerdos favorables de pago; significativa reducción o condonación de intereses, resultado de la negociación con los acreedores; suspensión de procesos ejecutivos y de restitución; viabilización operativa y financiera y el mantenimiento de la operación empresarial y/o comercial.
Por tratarse de un proceso, se tramita ante un juez, el cual puede ser, según el caso concreto, la Superintendencia de Sociedades, en uso de sus facultades jurisdiccionales o, el juez civil del circuito del domicilio principal del deudor.
En síntesis, ante las dificultades financieras, las finalidades del proceso de reorganización empresarial se enfocan en superar la crisis financiera, continuar la operación empresarial y evitar el proceso de liquidación, razón por la cual dicho proceso es una excelente alternativa legal de la cual disponen todos los comerciantes y empresarios.
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