Los retos de la conciliación en conflictos familiares: ¿solución eficaz o trámite burocrático?

La conciliación en Derecho de familia se ha consolidado en Colombia como un mecanismo clave para resolver disputas sin necesidad de acudir a un proceso judicial. Desde la Ley 640 de 2001, que la estableció como requisito de procedibilidad en asuntos como fijación de alimentos, custodia y régimen de visitas, este recurso ha buscado ofrecer alternativas ágiles y menos adversariales para los conflictos familiares.

Con la entrada en vigor de la Ley 2220 de 2022, que modernizó el estatuto de la conciliación, el país ha dado un paso adelante en fortalecer este mecanismo, incorporando principios de equidad, protección a poblaciones vulnerables y seguimiento a los acuerdos. Sin embargo, más allá del avance normativo, persisten retos significativos para que la conciliación sea verdaderamente efectiva y no termine reducida a un trámite formal que prolonga los conflictos.

Crecimiento de la conciliación familiar en cifras

La conciliación ha mostrado cifras alentadoras. Según el informe del Ministerio de Justicia (2023), entre 2010 y 2022 se registraron 1.546.140 solicitudes de conciliación, de las cuales 508.314 (el 32,9%) correspondieron a asuntos de familia, consolidándose como la segunda materia con mayor demanda después del Derecho civil y comercial.

El crecimiento ha sido sostenido, con un incremento promedio del 7,4% anual. Solo en 2022 se presentaron 158.037 solicitudes, casi el doble que en 2010, lo que refleja una creciente confianza en este mecanismo.

Otro dato revelador está relacionado con el perfil de quienes acuden a conciliar. Hasta 2017, los hombres eran mayoría como convocantes, pero desde 2018, las mujeres tomaron la delantera. En 2022, el 52% de las solicitudes fueron presentadas por mujeres frente a un 48% de hombres, lo que pone de manifiesto un avance en el acceso de las mujeres a este tipo de mecanismos, especialmente relevante en contextos donde muchas enfrentan barreras para acceder a la justicia formal.

Si bien los números crecen, la efectividad de la conciliación en Derecho de familia sigue siendo debatida. De las audiencias realizadas en 2022, solo el 50% concluyeron con un acuerdo. En contraste, el 19% finalizaron sin acuerdo, y un preocupante 16% fracasaron por inasistencia de alguna de las partes. Estos datos evidencian que no basta con acudir al trámite; es necesario fortalecer las condiciones para que realmente sirva como solución sostenible.

Principales retos de la conciliación familiar

A pesar de los avances que trajo la Ley 2220 de 2022, como la obligación de garantizar la igualdad entre las partes (artículo 8) y la posibilidad de incluir cláusulas de seguimiento a los acuerdos (artículo 22), persisten cuatro desafíos críticos:

Desigualdad de poder entre las partes: En conflictos donde existe violencia intrafamiliar, dependencia económica o desequilibrios emocionales, la conciliación puede derivar en acuerdos injustos. Aunque la ley exige neutralidad y protección por parte del conciliador, en la práctica muchas víctimas terminan cediendo ante presiones.

Formación especializada de conciliadores: Si bien la normativa demanda capacitación, el informe del Ministerio de Justicia muestra que no todos los conciliadores cuentan con habilidades para abordar conflictos familiares desde enfoques diferenciales, especialmente con perspectiva de género.

Falta de seguimiento a los acuerdos: Aunque la nueva ley permite establecer mecanismos de monitoreo, aún no hay herramientas eficaces para garantizar el cumplimiento real de lo pactado. Esto genera frustración y, en muchos casos, judicialización posterior del conflicto.

Saturación de los centros de conciliación: La alta demanda, los tiempos de espera prolongados y las limitaciones logísticas afectan el acceso oportuno. Aunque la ley impulsa la conciliación virtual, su implementación efectiva, especialmente en zonas rurales, sigue siendo limitada.

¿Un mecanismo para el futuro?

La conciliación familiar es, sin duda, una herramienta valiosa para desjudicializar los conflictos y fomentar acuerdos más humanos y sostenibles. Sin embargo, su éxito no se mide solo en número de audiencias, sino en la calidad y cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

El incremento anual de solicitudes y la creciente participación femenina son señales positivas, pero insuficientes si no se fortalecen las capacidades técnicas de los conciliadores, se monitorea el cumplimiento de los acuerdos y se garantiza que las condiciones de la audiencia no revictimicen a quienes buscan justicia.

Para que la conciliación familiar no se convierta en un simple trámite burocrático, sino en una solución efectiva y justa, Colombia debe seguir apostando por su modernización, dotándola de recursos, tecnología y un enfoque centrado en la protección integral de las partes involucradas.