Los recientes bloqueos en la Vía al Llano (Bogotá-Villavicencio) ocasionados por manifestaciones de las comunidades de Guayabetal y Monterredondo generaron el cierre total de la vía por más de 24 horas e imposibilitaron la movilidad de los usuarios por el corredor. Las comunidades, paradójicamente, protestaban por las dificultades en movilidad de la vía, deslizamientos y el incumplimiento de acuerdos relacionados por parte del gobierno nacional. Estos eventos reabren discusiones en relación con el papel, derechos e importancia de las comunidades en el marco de las concesiones viales en Colombia, así como sus relaciones con diferentes actores incluyendo las entidades estatales y los concesionarios.
¿Cuál es la importancia de las comunidades en la operación de proyectos de infraestructura vial?
La adecuada relación con las comunidades y las garantías de su participación son un punto central en el desarrollo de concesiones viales desde las primeras etapas del proyecto. Sin embargo, su importancia no se limita a la participación en etapa preoperativa. En etapa de operación y mantenimiento su rol es también clave y está regulado tanto en la ley como en los contratos de concesión. Más allá, desde una perspectiva internacional se reconoce que la relación con las comunidades a lo largo de toda la vida de un proyecto APP es uno de los principales determinantes de los resultados en términos de desarrollo del mismo. Así, como ejemplo, el Banco Mundial ha publicado guías de manejo comunitario en APPs para asegurar el impacto positivo en desarrollo de estos proyectos.
¿Qué debe ser garantizado a las comunidades?
Partiendo de que, de conformidad con la Ley 80 de 1993 los fines de la contratación estatal incluyen la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y considerando que las comunidades del área de influencia de cada proyecto APP son los principales destinatarios del servicio público que por ellos se presta, es notorio que su participación debe garantizarse más allá de las consultas previas. Los Principios de Ecuador, por su parte, incluyen el establecimiento de mecanismos efectivos para la atención de quejas de las comunidades sobre el desempeño ambiental y social del proyecto, y extienden su participación a la fase de desarrollo del proyecto.
¿Qué responsabilidades tiene el concesionario frente a las comunidades?
En consideración de lo anterior, los contratos de concesión de cuarta y quinta generación establecen que los concesionarios deben contar con un plan de responsabilidad ambiental y social durante todo el plazo del contrato, e incluyen las relaciones con las comunidades dentro de los conceptos que cubre la retribución del concesionario. Dentro de los aspectos que debe contemplar el concesionario están la inversión social en las comunidades afectadas por el proyecto, la implementación de medidas de seguridad vial y el establecimiento y desarrollo de planes de educación vial a las comunidades afectadas.
¿Qué facultades tiene la entidad estatal?
La Agencia Natural de Infraestructura, como entidad contratante, podrá decidir acerca de la ejecución de obras menores u obras sociales no previstas en las especificaciones técnicas del contrato, en consideración del normal desarrollo de la concesión o de solicitudes realizadas por las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto. Si bien la ejecución de dichas obras está a cargo del concesionario, los costos asociados a dichas obras menores son un riesgo asignado a la ANI, quien asume el pago de dichas obras en los plazos acordados entre las partes.
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