Conozca cómo es el proceso de extradición en el país y los retos que este enfrenta

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Uno de los procedimientos penales que más preguntas genera y desafíos tiene es la extradición. Esta es una herramienta penal que busca hacer frente a la criminalidad internacional.

De acuerdo con Carlos Fernando Guerrero, abogado penalista, por definición, la extradición es el proceso por el cual una persona es enviada por un Estado a otro, el cual requiere a la persona para seguirle un juicio penal o que purgue una condena. Esta, además, existe desde el siglo XIX, aunque ha habido periodos en los que ha estado prohibida en Colombia.

Alrededor de 300 personas son extraditadas en el país cada año y el proceso se rige bajo por los artículos 490 a 514 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, cabe resaltar que la aplicación de estas normas puede variar según los tratados internacionales vigentes con los países solicitantes.

Este procedimiento se ha dado con figuras reconocidas y casos altamente sabidos como Carlos Lehder, Fabio Ochoa e incluso Salvatore Mancuso por solo nombrar unos cuantos. Otro aspecto a considerar es que si bien la mayoría de los extraditados cometieron delitos que tienen que ver con narcotráfico, lo cierto es que la extradición también abarca delitos no relacionados con las drogas.

De acuerdo con Jacques Simhon, socio de CMS Rodríguez-Azuero, este proceso puede involucrar una amplia gama de delitos, desde injurias hasta delitos financieros internacionales. Esto se evidencia en lo ocurrido con el empresario Carlos Mattos, quien fue extraditado desde España en 2021 por corrupción, o incluso la diseñadora Nancy González, extraditada a Estados Unidos en 2022 por tráfico ilegal de especies silvestres.

En Colombia, Simhon explicó que el proceso de extradición “se considera mayormente administrativo y se limita a verificar el cumplimiento de ciertos requisitos. Sin embargo, esta simplificación puede comprometer las garantías legales de los individuos afectados”.

El experto indicó, además, que cuando Colombia no posee un tratado específico con un país solicitante se aplican entonces las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Por lo anterior, con países como Reino Unido, España y Bélgica se siguen los términos de los tratados internacionales respectivos y de allí “esta variabilidad en la aplicación introduce una complejidad adicional en los procedimientos de extradición”. Pero este proceso va más allá y surgen varios interrogantes importantes.

Desafíos del proceso
En términos de los diferentes desafíos, Guerrero afirmó que “el principal desafío que tenemos es que somos un país que extradita muchos, pero recibe pocos. Muchos países tienen prohibida la extradición de sus nacionales; Colombia extradita a cualquiera”.

Simhon, por su parte, agregó que aunque el proceso es esencialmente administrativo en el país, se han señalado en varias oportunidades deficiencias en la protección de los derechos de los extraditados. “La falta de seguimiento después de la extradición y la ausencia de mecanismos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el país receptor han sido temas de preocupación”, puntualizó el experto.

Y es que entre los derechos se destacan algunos tales como que quien es capturado con fines extradición tiene derecho a controvertir los elementos con que esta se solicita tanto en la Corte, como ante el Gobierno. Además, el país al que se envía debe garantizar, en términos similares, las mismas garantías de debido proceso y de defensa que tendría en Colombia, sin embargo esto muchas veces no sucede, situación que preocupa.

Ante este panorama, Simhon resaltó que es esencial que el análisis no se limite a una simple verificación de requisitos para llevar a cabo la extradición, sino que considere aspectos cruciales como las penas potenciales y las garantías de derechos humanos. Asimismo, “se sugiere suspender las extradiciones hacia países que no cumplan con las garantías estipuladas en los tratados internacionales”.

Antecedentes

Cuando un país solicita este procedimiento para alguien que haya cometido un delito que lo amerite, Carlos Fernando Guerrero, abogado penalista, explicó que legalmente el Estado colombiano puede negar la extradición de una persona, tanto por razones jurídicas, lo cual lo decide la Corte Suprema de Justicia, como por asuntos relacionados con conveniencia política, caso en el cual la decisión deberá ser tomada por el presidente de la República.