Conozca el proyecto de ley que buscará sancionar la violencia vicaria en Colombia

En 2022 un caso que revolucionó al país fue el caso del menor de edad Gabriel Esteban que fue asesinado en 2022 por su padre. Lo cierto es que a partir de este caso, se adicionará un nuevo artículo al código penal colombiano, creando los delitos de homicidio vicario y violencia vicaria.

Ante este caso, se creó en Colombia el proyecto de Ley Gabriel Esteban, con el cual se busca reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria en Colombia. Este, de acuerdo con el bufete Integrity Legal, fue aprobado para un segundo debate por unanimidad en mayo del presente año.

Por su parte, Jimmy Jiménez, abogado de familia del mismo bufete, afirmó que ‘’este proyecto es un homenaje al pequeño Gabriel, pero también marca el inicio de un nuevo capítulo para la violencia vicaria en Colombia y por todas las madres, padres y niños que han sido víctimas que no han encontrado respaldo judicial”.

Así las cosas, si esta ley llega a ser aprobada, en términos legislativos de acuerdo con el experto, se llenará el vacío jurídico que existe actualmente en el país, en el que aunque se le impute un cargo al victimario por el delito contra un menor, no genera sanción penal específica que castigue el daño que se le hizo a la madre o el padre, quedando esta conducta impune.

Este tipo de violencia, según Integrity Legal, se configura cuando se "busca causar dolor a uno de los padres, instrumentalizando al hijo, ya sea eliminando el pago de alimentos, amenazas constantes de separar a los hijos del otro padre, impidiendo visitas o incluso llegando al extremo de causarles daño o muerte, y es considerado el segundo peor tipo de violencia hacia la mujer, después del feminicidio".

Según cifras entregadas por la Fundación Contra la Violencia Vicaria al cierre del año 2023, al menos 2.517 mujeres fueron víctimas y para el primer trimestre de 2024, 890 mujeres vivieron esta situación, lo que sumaría un total de 3.407 mujeres afectadas, en el último año y medio.

Ante este panorama, Jiménez resaltó que las medidas de protección deben garantizar una respuesta oportuna ante la amenaza o materialización de la violencia en el contexto familiar, y es por este motivo que "cuando una víctima acude a denunciar, las comisarías de familia, de forma inmediata deben imponer medida de protección provisional, en favor de las presuntas víctimas, y posteriormente evaluar si las pruebas aportadas y la situación denunciada, requiere que la medida de protección provisional se establezca de forma definitiva y cobije a quien denuncia, pero además a su núcleo familiar o a quienes hayan sido víctimas de los hechos de violencia”.