Conozca las penas y sanciones por hurto a los sistemas de servicios públicos en el país

El pasado 8 de diciembre, la empresa Air-e anunció la investigación de usuarios del servicio eléctrico que estarían sindicados de contratar una banda delincuencial para alterar el registro de energía de los medidores eléctricos. La compañía aseguró que los usuarios podrán recibir hasta seis años de pena por tomar estos servicios fraudulentos, pues Air-e reporta que, al mes, pierde por hurto de energía más de $60.000 millones.

Los sindicados enfrentan un escrito de acusación por el delito de defraudación de fluidos. La secretaria general de Air-e , Soleine Mosquera Vertel, afirmó que en este caso no solo están procesados quienes manipulan los medidores, sino los usuarios que optan por el servicio ilegal.

El Código Penal estipula que las personas que incurran en el delito de defraudación de fluidos podrían enfrentar hasta 72 meses de prisión y 150 salarios mínimos mensuales de multa.

“Se persigue a quien, a través de cualquier mecanismo, altere las mediciones y, en general, los temas de control o contadores de luz y agua. También habrá penas para el que se apropie de servicios públicos”, explicó Juan José Castro, socio fundador de Castro Muñoz & Abogados. Dentro de la defraudación de fluidos también está la alteración de señales de telecomunicaciones, lo cual incluye televisión e internet.

Normativa adicional

El Código de Policía, en su artículo 28, también contiene normativa sobre los “comportamientos que afectan la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos”. El numeral dos del artículo establece que debe evitarse hacer modificaciones o alteración de redes o instalaciones de servicios públicos. La norma establece que esta infracción puede acarrear una multa tipo tres, por reparación de daños materiales de muebles o inmuebles, y su cuantía será de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Por otro lado, Castro explicó que existe un delito adicional que podría imputarse a las personas que utilicen estos sistemas fraudulentos.
El Código Penal estipula también el delito de receptación, que impone multas y penas considerablemente más altas: de cuatro a 12 años de prisión y multas de 6,6 a 750 salarios mínimos mensuales legales mensuales vigentes.

Esta conducta establece que quien, sin haber tomado parte de la ejecución de la conducta punible, adquiera posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito podrían enfrentar las penas y multas mencionadas.

Adicionalmente, si la conducta se realiza sobre elementos que están destinados a comunicaciones telefónicas o distribución de energía, gas y acueducto, la pena podría incrementarse a 13 años de prisión.
“Si bien una persona que haga derivación de internet o fibra óptica respondería por defraudación de fluidos, también las personas que la compren podrían verse en un problema por receptación”, dijo Castro.