De La Espriella Lawyers Enterprise presentó su nueva práctica de Energía y Recursos Naturales

En el imaginario colectivo, De La Espriella Lawyers Enterprise es una firma dedicada al derecho penal, sin embargo, cuenta con más 80 abogados en varias áreas de práctica en cuatro ciudades: Barranquilla, Bogotá, Medellín y Miami (Estados Unidos). Recientemente anunció la fusión de sus departamentos de Minero y Ambiental para crear uno nuevo: Energía y Recursos Naturales.

Javier De La Hoz, el socio que estará al frente de la nueva área, explicó cómo funcionará el nuevo esquema del departamento y dijo que “la debida diligencia no es un costo, es un tema de inversión que garantiza la seguridad jurídica”.

¿Cómo venían funcionando los departamentos de Minero y Ambiental y en qué consiste la fusión en una sola práctica, de Energía y Recursos Naturales?

Veníamos funcionando como todas las firmas del país, por separado: por un lado, la práctica de recursos naturales o ambiental y, por otro lado, se la de derecho minero-energético. Eso tiene un origen académico, porque en las universidades se enseña así, por separado, sin embargo, en el ejercicio de la profesión noté que sí se podían trabajar juntas, teniendo las visiones trasversales del tema.

Llegamos a la unión por un caso práctico, un litigio ante el Consejo de Estado en el que defendimos a una compañía que llevaba tres años con la licencia ambiental suspendida, por un error de articulación de no entender que el licenciamiento iba de la mano de una transversal ambiental. Y cuando digo ambiental, también tiene un componente social, por ese error esa licencia ambiental terminó suspendida.

Como nos funcionó con esa empresa, entendimos el valor de juntar, desde el primer momento, los temas ambientales y de consulta previa, entonces unimos los departamentos para ofrecer un solo servicio integral desde el minuto cero de los proyectos, que es muy importante para los inversionistas.

Hay quienes se quejan de que las normas de consulta previa y licencia muy ambiental son muy garantistas y eso dificulta las inversiones en el sector ¿cuál es su percepción?

Se trata de no dar papaya. ¿Cómo no se da papaya? Ejerciendo un proceso de debida diligencia desde el minuto cero, no cuando ya hay un licenciamiento casi terminado. La jurisprudencia de la Corte ha sido clarísima y reiterativa desde hace una década, el derecho a la participación se debe garantizar desde el primer momento de los proyectos, entonces no es que sea imposible, es que hay que hacer las cosas como dice la ley, es la única forma de que no sea un problema. Ahora, es cierto que hay mafias de consulta previa, porque las hemos enfrentado, pero también hay gente muy valiosa.

Acá lo que hay que entender es que no se trata de un tema de ideales, sino de un desarrollo sostenible y creo que sí se puede hacer empresa, lo que pasa es que a veces somos tercos; la Corte nos dice que se hace de una manera, entonces así hay que hacerlo.

¿Entonces no se trata de que la jurisprudencia sea demasiado garantista con las comunidades, sino de cumplir la ley?

Es necesario combinar las dos cosas; no se puede negar que hay jurisprudencia que es demasiado garantista, sin embargo, eso es lo que hay. Como abogado tengo dos opciones, o me sigo dando contra ese muro, que no va a cambiar porque la tendencia internacional es esa, o busco una solución.

¿Cuál es la solución? Iniciar desde el minuto cero con esos procesos de debida diligencia bien articulados, entendiendo debida diligencia como toda esa matriz ambiental, no simplemente cumplir unos requisitos y llenar un formulario ante la Anla o pedir un certificado de qué comunidades hay en la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Otra gran diferencia en ese sentido es que nosotros hacemos trabajo en campo para iniciar el proceso de debida diligencia desde el primer momento, verificamos en terreno cuál es la situación, para hacer la tarea completa, desde el inicio.

¿La debida diligencia en terreno ayuda a combatir las mafias que mencionaba?

Exacto, justamente para eso es la debida diligencia, que no es un costo sino una inversión que garantiza la seguridad jurídica. Hacer las cosas bien, y garantizar el derecho a la participación, es lo que da la licencia social. Yo creo en el desarrollo sostenible, que hay que hacer empresas y que las comunidades se pueden ver beneficiadas de ese desarrollo empresarial, y por eso toca hacer el proceso de debida diligencia. En el fondo, de ahí surge la decisión de que se fusionen las áreas, porque hay una falencia en ese sentido, y con esta fusión vamos a tener un servicio más robusto.

¿Proyecta un mayor crecimiento de la práctica por cuenta de la fusión?

Ya viene creciendo, porque en 2014 creé el área y era solo yo, con un abogado. El año pasado cerramos con 22 abogados, porque de que entendemos que el derecho al ambiente sano no es un tema ideológico o político, sino de sentido común.

El crecimiento se lo atribuyo a la concientización que se ha dado sobre la importancia del derecho al ambiente. La jurisprudencia ha obligado, sobre todo al empresariado, a que se ajusten ciertas normas, y auguro que seguirá creciendo en los próximos cinco años de manera exponencial, porque hoy en día todo pasa por una matriz ambiental, el derecho ambiental está en todo, por eso somos la práctica que más crece, incluso más que el de derecho penal.

Es decir, el derecho ambiental ya no está limitado a las compañías de energía y recursos naturales, o infraestructura?

Las matrices ambientales están en todos lados, porque no debemos olvidar que el Acuerdo de París ya hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y, en esa medida, irriga todo nuestro ordenamiento jurídico, y ahora hablamos, por ejemplo, de principios de sostenibilidad al momento de adjudicar obra pública, entonces ya es un tema transversal.

¿Qué hace falta para que en Colombia aprovechemos mejor herramientas como los bonos o créditos de carbono?

Hay que aclarar que el bono de carbono es deuda, mientras que el crédito de carbono es dinero líquido que se paga por evitar la deforestación. Ese mercado en Colombia, el de los bonos, es muy incipiente, muy a pesar de que somos el segundo país más biodiverso del planeta.

Lo que hace falta acá es reglamentación y voluntad. La primera es todavía muy incipiente y hay que aterrizarla, y la segunda porque la legislación internacional está ahí, y es importante reglamentar para evitar que empiece a salir jurisprudencia, como viene sucediendo con el fallo de los desplazados climáticos en San Andrés y Providencia.