Demandas contra la Nación han aumentado $2 billones frente a 2019 y ascienden a $429 billones

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A pesar de que el número de procesos judiciales en contra del Estado registra una caída frente al año anterior, el monto por el que la Nación está siendo demandada ha crecido en $2 billones con relación a 2019.

Así lo muestra el informe trimestral de litigiosidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que reveló que, con corte a septiembre de este año, la Nación tiene demandas por $429 billones, lo que supone un aumento frente a la cifra de $427 billones con la que cerró el año pasado.

De estos, $401,2 billones corresponden a los 341.665 procesos judiciales que hay contra la Nación, y llama la atención que, si bien el número de procesos presenta una caída de 15,8% frente al año anterior (405.659 en 2019), las pretensiones económicas no tienen el mismo comportamiento y se mantuvieron prácticamente inalteradas ($402 billones en 2019).

Cabe recordar que por cuenta de la emergencia sanitaria los términos de los procesos judiciales estuvieron suspendidos y los tribunales estuvieron cerrados, lo que puede explicar la caída en el número de procesos.

Vale la pena anotar que 56% de esos procesos judiciales tiene pretensiones económicas que no exceden la cifra de $50 millones. En cambio, 72,3% de los $401,2 billones se concentran en 944 procesos con pretensiones que superan $290,2 billones.

Si se hace un análisis del tipo de procesos que enfrenta la Nación, puede notarse que 25,9% de ellos corresponde a demandas en el contencioso administrativo por temas no laborales. Sin embargo, estas equivalen a 90,9% de las pretensiones.

En cuanto a las entidades más demandadas, el ranking lo lidera: Colpensiones, con 112.968 procesos; seguida del Fomag, con 45.654; y la dirección ejecutiva de la Rama Judicial, con 25.183. Estas tres, en su conjunto, representan 53,7% de los procesos.

“Históricamente, siempre ha pasado que la mayoría de demandas sean de Colpensiones y el Fomag, y son las típicas en las que las personas demandan la resolución de su pensión porque les salió más baja de lo que esperaban. En esos casos, el sistema funciona y es el que decide si la persona, en efecto, merecía una pensión más alta o no”, explicó Luis Guillermo Vélez, exdirector de la Andje.

Sin embargo, explicó que la presencia de la Rama Judicial en el listado, seguida por la Fiscalía, que se ubica en cuarto lugar con 23.134 procesos, es más complicado. “Muchas de esas personas demandan a esas entidades porque considerar que han sido detenidas injustificadamente”, agregó.

En efecto, la principal causa de demanda en los procesos no laborales en el contencioso administrativo es la privación injustificada de la libertad. Por esa razón había, a septiembre de 2020, 13.075 procesos, lo que puede ser reflejo de los índices de eficiencia del sistema de administración de justicia.

Otra cifra que llama la atención en el informe de la Andje es que, con corte al 30 de junio de este año, las cuentas por pagar de la Nación, por concepto de conciliaciones y sentencias, ascendían a $10,68 billones. En tanto los pagos, a septiembre, llegaban a $0,29 billones.

Al respecto, Vélez recordó que el dinero para pagar esas cuentas sale del Presupuesto General de la Nación, sin embargo advirtió que “es increíble que las tasas de interés de esas sentencias sea de 28%, que es la tasa de interés de mora. Esa es una de las grandes reformas que hay que hacer, porque el interés es función del riesgo y el pagador está ahí, es la Nación, entonces no debería haber interés moratorio”.

Procesos arbitrales activos

Por otra parte, ha crecido el número de procesos arbitrales activos en contra de la Nación, pues actualmente hay 70 arbitramentos por un monto de $5 billones. De estos, la mayoría de procesos (22) son del sector transporte, con pretensiones por $2,76 billones; seguido por TIC y minas y energía, donde las pretensiones ascienden, respectivamente, a $289.018 millones y $151.580.

Ha aumentado también el número de procesos arbitrales donde la Nación actúa en calidad de convocante. Actualmente, hay 19 procesos de este tipo (frente a 15 en 2019), con pretensiones por $1,87 billones, de los cuales la mayoría está concentrada en el sector de minas y energía. “Esto es positivo porque muestra que el Estado no está asumiendo una actitud pasiva, recalcó Vélez.

Controversias internacionales

Asimismo, han aumentado también las controversias internacionales de inversión frente a 2019, pues pasaron de 14 a 16.

Esto, explicó Alberto Zuleta, socio de Holland & Knight, se debe a que el país ha suscrito varios tratados de protección de inversión, por lo que era de esperarse un aumento en las demandas. “Dada la litigiosidad del país y de las compañías, el solo número de controversias contra el Estado no dice mucho”, dijo haciendo énfasis en que hay que esperar los desenlaces de las demandas para analizar los resultados.

“Perú, por ejemplo, ha ganado la mayoría de demandas de inversión que le han presentado. En Colombia podría ocurrir lo mismo, pero para evaluar la situación, hay que esperar”, agregó Zuleta.

De esos 16, las mayores novedades se registran en el de Glencore 2 y el Joint Venture de Foster Wheeler y Process Consultants, que están pendientes de la primera orden procedimental luego de que se constituyera el tribunal. El caso de Glencore International AG/C.I Prodeco sigue en espera de una decisión sobre la anulación del laudo. En tanto, las demandas de Gas Natural SDG/Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia (Electricaribe) y América Móvil (Claro) siguen a la espera de laudo.

Además, hay actualmente siete controversias internacionales de inversión que están en una etapa pre-arbitral, entre las que están casos tan sonados como Uber, Odebrecht y CB&I (Reficar).

Sobre su futuro, Eduardo Zuleta, experto en arbitraje internacional y socio de la firma Zuleta Abogados, explicó que “posiblemente todas las demandas que están esa etapa pasen a arbitraje porque la mayoría de casos que están allí tienen que ver con decisiones judiciales, entonces es muy difícil que esas controversias se resuelvan de una manera diferente”.

Además, explicó que el Estado colombiano debe estar preparado para un aumento de controversias internacionales de inversión por cuenta del covid-19. “Hay medidas del Estado que pudieron afectar a inversionistas internacionales, que pueden reclamar, por ejemplo, si se dictaron medidas para ciertos sectores, que pudieron ser discriminatorias o medidas que no tenían relación directa con la pandemia y afectaron sus intereses, a la luz de los tratados internacionales”.