En América Latina y el Caribe hay una percepción de desconfianza con los gobiernos

La mayoría de la población de América Latina y el Caribe consideran que su gobierno utiliza la desinformación para moldear la opinión pública a su favor. Este es solo un indicio del autoritarismo y de la desconfianza generalizada en los gobiernos de la región, según se desprende de 26 nuevos reportes nacionales sobre el Estado de Derecho publicados por el World Justice Project (WJP).

"Estos reportes representan las voces de las personas en toda América Latina y el Caribe y en cómo perciben y experimentan el Estado de Derecho", dijo Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del WJP. "Estamos más contentos que nunca de compartir más datos de nuestras encuestas para ayudar a las diversas partes interesadas a identificar las debilidades del Estado de derecho y desarrollar políticas para hacerles frente."

El World Justice Project se basa en encuestas representativas a nivel nacional en todo América Latina y el Caribe, los informes ilustran las tendencias a lo largo del tiempo en temas como: la corrupción, las libertades fundamentales, la criminalidad por delincuencia, la seguridad y el acceso a la justicia.

Mientras tanto, las nuevas preguntas de los cuestionarios sobre autoritarismo y democracia revelan la creencia generalizada de que los altos cargos del gobierno intentan atacar y debilitar los controles clave del poder ejecutivo.

"La percepción generalizada de un comportamiento autoritario y los bajos niveles de confianza no son un buen augurio para el Estado de derecho y la democracia en la región", afirmó Andersen.

Uno de los ítems que mide es el comportamiento autoritario. De este resalta el estudio que la mayoría de la población de 19 de 23 países creen que los altos cargos del gobierno atacan o desacreditan a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil.

Esta creencia está más extendida en Trinidad y Tobago (80%), Brasil (77%), Colombia (74%), Argentina (73%) y Bolivia (73%). Es menos frecuente en Haití (38%), donde el gobierno central es muy débil.

En 18 de los 23 países de América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas considera que los altos cargos del poder ejecutivo están trabajando para debilitar, influir o desobedecer al poder judicial. Al menos dos tercios de las personas en Ecuador, Argentina y Brasil sostienen cada una de estas creencias. En solo cinco países: Barbados, Haití, Honduras, Dominica y Panamá, la mayoría de la gente no está de acuerdo con todas estas percepciones.

En 15 de 23 países, al menos la mitad de la población piensa que altos cargos del gobierno atacan o intentan desacreditar el sistema electoral de su país. Esta tendencia está más extendida en Brasil (75%), Trinidad y Tobago (72%), Colombia (71%), Ecuador (71%) y Bolivia (68%). En Barbados (30%) es menos frecuente.

"La consecuencia lógica es de sobra conocida: desbordadas demandas ciudadanas, Estados débiles, con insuficientes recursos fiscales, por la baja recaudación; sentimientos anticonstitucionalistas, precaria gobernabilidad y caudillos iluminados u oportunistas. En tales condiciones, predomina la improvisación, con líderes inexpertos que buscan capitalizar el descontento ciudadano vía la oferta de soluciones mágicas que alimentan un nuevo ciclo de decepción", concluyó John Mario González, analista y columnista internacional.