Los desafíos legales que contempla el pacto por la transición energética de la Guajira

El Gobierno firmó un pacto por la transición energética en La Guajira con el sector de las energías renovables y la comunidad Wayuú. Este pacto pretende destrabar 13% de la generación eólica en esta región y lo firmaron comunidades, autoridades regionales, empresas y el gremio de las energías renovables La Asociación de Energías Renovables Colombia (SER).

El propósito principal es viabilizar los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (Fncer) en la Guajira. "El Pacto enuncia como objetivos el desarrollo integral de las comunidades, el fortalecimiento de la seguridad energética del país, la estabilidad operacional de las empresas, el aporte a la descarbonización de la economía y la disminución de los efectos del cambio climático", aseguró Inés Elvira Vesga, Partner en Holland & Knight.

La conflictividad social es uno de los desafíos más importantes que quiere atacar el Pacto. Sin embargo, según la experta de Holland & Knight, "no se ven en el Pacto acciones concretas, parece más un reconocimiento multiparte de la existencia de un conflicto, y se enuncian generalidades que ya están contempladas en instrumentos vinculantes, comenzando por la Constitución Política como garantía de derechos sociales, económicos y ambientales, participación de las comunidades, inversión social".

En el pacto se incluye la necesidad de fortalecer los protocolos al territorio Wayuu, esto puede ser importante para las empresas, pero también puede convertirse en un instrumento que imponga aún más exigencias a las compañías. Por otro lado, dentro del pacto aún no está claro como va a jugar esto con la consulta previa ni cómo se pueden adoptar estos protocolos sin consulta previa. "En el Pacto no se abordan otros desafíos legales o regulatorios. No hay mención a la necesidad de aligerar los trámites ambientales, el otro dolor de cabeza del sector", agregó Vesga.

Vesga también aseguró que el pacto es una declaración de intención, no es un documento vinculante. Además, solo se refiere a la Guajira, no tiene alcance nacional. Entre las acciones más importantes del pacto están: participación de comunidades, incluyendo diálogo social y participación en beneficios; coordinación institucional y respuesta oportuna; fortalecimiento de protocolos de ingreso a territorio Wayuu; promover que la inversión contribuya al desarrollo de la región; establecer plan operativo para materializar el Pacto.

Ahora bien, respecto al impacto que se espera tenga el pacto en la atracción de inversiones en el sector energético de Colombia, el experto Santiago Soto Luna, abogado especializado en temas mineroenergéticos, aseguró que el pacto es la consecuencia directa del golpe de opinión desfavorable que impactó al Gobierno por consecuencia de la suspensión del contrato Windpeshi.

"La inversión se atrae teniendo reglas del juego claras para inversionistas, promoviendo la iniciativa privada para propender a la consecución de los fines esenciales del estado. Tener que acudir a un acuerdo como último cartucho solo demuestra la fragilidad e incapacidad del Estado a través del Gobierno, de hacer cumplir lo que ya está regulado en materia social, ambiental y económica", concluyó Luna.