Ocho de cada 10 colombianos reportó que tiene necesidades jurídicas insatisfechas

El acceso a la justicia es uno de los desafíos más importante del sector judicial, según el estudio ‘Necesidades jurídicas en Colombia’, del Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Dane y el Consejo Superior de la Judicatura, que muestra que ocho de 10 colombianos tienen necesidades jurídicas insatisfechas.

La más reciente medición, del año pasado, define una necesidad jurídica como un desacuerdo que haya afectado algún derecho y que, para su solución, requiera la intervención de un tercero.

Según el estudio, las necesidades registradas con mayor frecuencia son los delitos, con 3,69 millones de declaraciones. Le siguen las necesidades de salud, con 714.649 declaraciones y los servicios públicos, con 407.063. Las necesidades de vivienda y de tipo familiar son las siguientes en la lista. Estas cinco categorías representan cerca de 83% del total de necesidades jurídicas declaradas.

A su vez, se estudió el impacto subjetivo de estas necesidades sobre las personas. En una escala de cero a 10, el conflicto armado fue la necesidad de mayor repercusión promedio, con 9,3 puntos. Las categorías de propiedad (8,4), trabajo (8,1) y salud (8,0), también reportaron impactos altos. Lo contrario sucede en las áreas de consumo y entorno, que tienen la menor incidencia en la vida de la población analizada.

Si se hace el desagregado por ciudad, es posible observar que Bogotá es el lugar en donde más necesidades jurídicas se declaran, con 1,61 millones, es decir, una sexta parte del total nacional, seguida de Cali, con 616.167. En la capital del Valle del Cauca se reportaron 369 necesidades por cada 1.000 habitantes mayores a 18 años, siendo, junto a Pasto e Ibagué, las ciudades con más necesidades per cápita.

A pesar de las declaraciones, el estudio reportó que 56% de las personas no hizo nada frente a su necesidad y se quedó sin solución. Esto, principalmente, por la falta de tiempo en los trámites que se requieren y por la falta de conocimiento para el acceso.

En cambio, 43% sí buscó a un tercero para que lo ayudara en su necesidad. Entre los motivos de estas personas para solicitar asistencia están la confianza en las instituciones y por razones de pertenencia. El caso contrario ocurre con 2% de la población, que eligió una ruta ilegal o utilizó la violencia para manejar su conflicto; 40% acudió a actores ilegales por considerar que era una vía más efectiva, mientras 70% usó la violencia porque se dejó llevar de la rabia.

Avance del acceso a la justicia

Pese a que 43% de las personas acudió a las rutas institucionales para solucionar sus necesidades, el estudio muestra que ocho de cada 10 colombianos tiene insatisfechas sus necesidades jurídicas.

Parte del problema, coinciden los expertos, tiene que ver con el acceso a la justicia y a la eficiencia de las entidades. Según Juan José Castro, socio director de Castro Muñoz & Abogados, “la problemática de la falta de acceso a la justicia es estructural y, aunque se ha intentado solucionar de varias maneras, siempre ha sido insuficiente”.

Una de estas medidas es el Decreto 806 de 2020, que tiene como propósito volcar a las instituciones judiciales a la implementación de la tecnología para su agilizar su operación.

“Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia”, según se lee en el documento.

Este, cabe recordar, fue uno de los decretos de emergencia que se implementaron en razón de la emergencia sanitaria, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia incluso ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente.

A pesar de las virtudes que ofrece la normal, que ha facilitado los trámites judiciales y ampliado el acceso al sistema, varias asociaciones, como la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), han advertido que su vigencia termina el próximo 4 de junio, por lo que han solicitado medidas para que su contenido se incorpore de manera definitiva al ordenamiento jurídico nacional, y así evitar un retroceso.

Para el penalista Carlos Fernando Guerrero, el acceso a la justicia viene avanzando “gracias a la digitalización, porque los despachos judiciales pueden atender más actividades y, en general, es más fácil para la operación de todos los actores que intervienen en el sector”.

Sin embargo, destacó que uno de los problemas en este sentido es el acceso a internet y a las herramientas digitales, especialmente en las áreas rurales del país con juzgados municipales, pues no todo el sector de la justicia va al mismo ritmo de implementación tecnológica, ampliando así las brechas digitales.
Lo anterior se confirma con el informe de conectividad que publicó el Ministerio de las TIC del segundo semestre del año pasado que, entre otros datos, muestra que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, son las zonas de mayor acceso fijo a internet. Por el contrario, Amazonas, Guainía y Vaupés son los departamentos que menor con menor penetración.

Además, los expertos coinciden en que se requieren otros aspectos para mejorar el acceso a la justicia. Guerrero señala que hay que facilitar la administración de justicia porque es “compleja y difícil de entender”, mientras Castro sostiene que una de las prioridades debe ser revolver problema de la impunidad, para aumentar la credibilidad de las instituciones.

Antecedentes

Las brechas entre las zonas rurales y urbanas no solo se hacen evidentes en el acceso a la digitalización, sino también en el impacto subjetivo de las necesidades jurídicas. El estudio de MinJusticia con el DNP sostiene que todas las categorías superan seis puntos en repercusión para las personas que viven fuera del casco urbano. Además, las tipologías de mayores brechas son medio ambiente, entorno y trato discriminatorio, que se acentúan en las áreas rurales.