• Carlos Jaramillo Palacio

viernes, 28 de junio de 2024

Ana María Ordóñez fue directora de Defensa Jurídica Internacional en la Andje y fue la estratega de esta gran victoria para el país

El triunfo de la Nación en el caso Meritage es muy importante y transcendental. Inversionistas estadounidenses le exigían al país la suma de US$389 millones de dólares (más 1.2 billones de pesos colombianos) por la presunta violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.

Aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de su director (e) Jhon Jairo Camargo Motta, ha celebrado el triunfo como propio, lo cierto es que una abogada colombiana fue fundamental para este.

Se trata de la abogada Javeriana Ana María Ordóñez Puentes, quien fue la encargada de liderar todo el equipo y montar la estrategia jurídica para esta importante victoria para el Estado colombiano.

Ella, desde el 2017 y hasta enero del 2024, fue directora de Defensa Jurídica Internacional en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia. Tiene una gran experiencia en resolución de conflictos a nivel nacional e internacional, además de ser especializada en mercado de capitales. Desde su equipo y liderazgo en la Andje le ahorraron al Estado $15 billones debido a arbitrajes ganados por ella bajo su liderazgo.

Su salida de la Agencia se dio poco después de que el presidente, Gustavo Petro, le pidiera la renuncia a la directora de la Andje, Martha Lucía Zamora, luego de la pelea con el Canciller destituido, Álvaro Leyva Durán.

Uno de sus fuertes, lógicamente es el arbitraje. De 2012 al 2015 se desempeñó como juez para la resolución de conflictos societarios en la Superintendencia de Sociedades. Estuvo, además, en la Superintendencia de Servicios Públicos. Tiene un LLM de Kings College London y experiencia profesional tanto en el sector público como en la práctica privada.

Y es que el el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió este jueves una sentencia a favor de Colombia, alegando que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio iniciada contra el predio del proyecto Meritage, pues estas fueron medidas adoptadas y mantenidas en el tiempo para proteger intereses de seguridad esencial del Estado colombiano.

El proyecto Meritage fue impulsado por el inversionista Ángel Samuel Seda y un grupo de accionistas estadounidenses que adquirieron terrenos en el municipio de Envigado, en Antioquia. Con el respaldo de conceptos técnicos de reconocidas firmas que aseguraban la idoneidad de los terrenos, Seda avanzó con el proyecto.

Sin embargo, en 2016, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre 55 hectáreas, argumentando que pertenecían a Iván López, presunto miembro de la Oficina de Envigado, quien fue extraditado y afirmó haber sido despojado de los terrenos por el grupo ilegal.

En consecuencia, la entidad judicial confiscó el predio, en el cual se había invertido para desarrollar 35 locales, 114 apartasuites y 116 casas. La Fiscalía determinó en su momento que el terreno había pasado por manos de testaferros de la Oficina de Envigado y del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias ‘Perra Loca”. Ahí fue donde comenzó el multimillonario pleito ganada gracias a Ana María Ordóñez Puentes.