Defensa del proceso de paz

A través de esta columna, he venido publicando una serie de artículos en defensa del proceso de paz, construyendo una propuesta que vaya más allá de la terminación del conflicto armado, que permita combatir las desigualdades sociales y garantice el goce efectivo de los derechos constitucionales de todos y todas, en el marco del respeto a la diversidad étnica y cultural de nuestro país.

De esta manera, he escrito los siguientes artículos relacionados con el proceso: Nuevas condiciones para un proceso de paz, La constitución como instrumento de paz, La justicia transicional necesaria para la paz, Colombia requiere una política de paz, Sociedad civil pide convocar al CNP, Instalada la mesa para los diálogos de paz, Colombia en el índice de paz global, Deber ciudadano por la paz, Constitucionalidad del marco jurídico para la paz y Derecho a entender el proceso de paz, entre otros.

Como docente e investigador en derechos humanos, le he apostado a la paz, soy un actor de paz, defiendo a la paz y he llamado e insistido para que en Colombia nuestras generaciones y las generaciones venideras, puedan vivir en convivencia pacífica en el marco de la terminación del conflicto armado interno.

Recordemos que la Constitución elevó la paz a derecho en el artículo 22, consagrando la paz como  un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y el artículo 95 constitucional, consagra entre los deberes de la persona y del ciudadano participar en la vida política, cívica y comunitaria y “propender al logro y mantenimiento de la paz”, siendo expreso este mandato para todos los ciudadanos. 

Es claro que la terminación del conflicto armado no significa la paz de Colombia, pero sí un paso muy importante e imprescindible para avanzar en la construcción de la paz con justicia social que anhelamos en un escenario de posconflicto. 

Ante la degradación social causada por el conflicto armado interno, considero que es necesario, conveniente y obligatorio culminar con éxito el proceso de diálogo y negociación que se adelanta actualmente con las Farc en La Habana Cuba, debiendo ser refrendados los acuerdos logrados mediante procesos democráticos e incluyentes de la sociedad civil.

Escribo en defensa del actual proceso de paz, por estimarlo realista y corresponder a una afortunada coyuntura histórica, pues considero que están dadas las condiciones para terminar el conflicto a través de una negociación, labor que se ha hecho en forma estructurada y con muchas precauciones, ha contado con asesoría internacional del más alto nivel y cuenta con un grupo competente y representativo de negociadores colombianos. 

La  guerra, y el conflicto social y armado en Colombia han sido unas de las principales causas que de acuerdo a las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, suman cerca de 6’300.000, que ahora sí se  reconocen y reparan expresamente con la Ley 1448 de 2011.  

Defiendo el proceso de paz, ya que en estos casi dos años se ha llegado a acuerdos significativos alrededor de tres puntos: desarrollo agrario, participación política y narcotráfico; debiéndose llegar a acuerdos sobre los dos puntos que faltan, víctimas y fin del conflicto armado. 

Sin embargo, siempre se ha sabido que los temas que van a ser definitivos no solo para la guerrilla sino para la opinión pública son el tratamiento jurídico a los desmovilizados y su participación en política, temas que ya no dependen tanto de La Habana sino de las Cortes y el Congreso, e incluso de la Corte Penal Internacional. 

La misma Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-579 de 2013, Marco Jurídico para la Paz, que no debe haber impunidad total, pero sí un tratamiento penal flexible dentro del marco de la justicia transicional. 

En conclusión, hago una defensa del proceso de paz, como una manera lógica y sensata de terminar un conflicto armado con una guerrilla que acaba de cumplir medio siglo, pues  todo proceso de paz busca un equilibrio entre las concesiones que son necesarias dentro de la justicia transicional para que no haya impunidad, así como la participación en política para cambiar la lucha armada por el juego democrático.