A juicio exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por carrusel de ambulancias

De acuerdo con el documento de 11 páginas, Moreno Rojas durante 2009 y el primer semestre de 2010 "determinó al entonces Secretario distrital de Bogotá, Héctor Zambrano, para que aceptara promesas remuneratorias y recibiera dinero para sí mismo, para su hermano el exsenador Iván Moreno, varios concejales, el personero Distrital, Francisco Rojas Birry y el contralor de la ciudad, Miguel Angel Moralesrussi" del contrato celebrado el 30 de septiembre de 2009 entre la Secretaría de Salud y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá. 

Según la Fiscalía, el dinero que recibieron equivaldría al 9% del total del contrato que fue firmado por la suma de $67.000 millones. De ese dinero el exconcejal Hipólito Moreno y los contratistas Emilio Tapia y Federico Gaviria, también recibieron su parte. 

Así mismo, el escrito señala a Moreno Rojas como determinador de los delitos y los hechos pues aunque "actuó sin tener dominio del hecho, produjo la idea de obtener un beneficio económico a favor propio y de terceros persuadiendo a Zambrano". 

La Fiscalía enfatizó en que Moreno solicitaba información de los contratos y acuerdos. "Una vez se empieza a recibir el dinero, Zambrano tenía que mantenerlo informado sobre los dineros recibidos del contrato", lo que hace constituir un delito, porque "conocía que estaba aceptando una promesa remuneratoria y recibiendo dinero de contratos contractuales". 

Para el ente acusador, Moreno Rojas actuó como Alcalde de Bogotá, lo que hace más grave los delitos cometidos debido a que "es un funcionario público que tuvo una posición distinguida (...) no solo por la labor constitucional que le fue asignada, sino por la forma que llegó a ocupar dicho cargo (...) fue elegido por votación popular". 

De ser hallado culpable, Moreno podría pagar hasta 30 años de cárcel por el mayor escándalo de corrupción en la ciudad.  

Contra el exalcalde corren otros dos procesos, por un lado la irregularidad en los contratos de malla vial durante su administración y otro por irregularidades en la adjudicación de contratos de TransMilenio.