Abogado pide "muerte política" para Iván Name y Andrés Calle por caso de Ungrd

En las últimas horas el Consejo de Estado recibió una solicitud de declarar "muerte política" contra el senador Iván Name y el representante Andrés Calle por la presunta responsabilidad de los congresistas en el escándalo de corrupción en Gestión del Riesgo (Ungrd).

La persona que instauró esta acción es Juan Carlos Calderón España, quien de acuerdo con su argumento Iván Name recibió, a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, $3.000 millones de parte de Olmedo López para impulsar las reformas sociales en el Congreso.

De acuerdo con Calderón España, "en su actuar trataba de dar a entender estar en contra de las reformas del Gobierno del Presidente Petro, pero quien bajo su influjo, y a través de su emisaria Sandra Ortiz, consiguieron que el Señor Olmedo López, como Director de la Ungrd y este a través de su subdirector recaudaran $ 3.000 millones producto de una coima de un contrato en La Guajira".

El Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos del abogado para posteriormente solicitar que los congresistas y partes interesadas se pronuncien al respecto para tomar una decisión con respecto a la investidura de Name y Calle.

Ayer miércoles, finalizó la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso. El Juez de garantías aplazó la audiencia para el 31 de agosto de 2024.

El togado propuso la realización de la audiencia en un día no hábil para evitar contratiempos en materia de seguridad. Después de una concertación se decidió que sea ese día.

La Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 35 de control de garantías de Bogotá la detención preventiva en una guarnición militar de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y el contratista Luis Eduardo López, conocido como 'El Pastuso’.

La fiscal María Cristina Patiño argumentó que, además de colaborar con la justicia, los acusados enfrentan amenazas graves que justifican una medida de seguridad robusta.

"La evaluación de riesgo realizada por la oficina de protección de la Fiscalía reveló un riesgo extraordinario, por lo que se ha decidido asignarles un esquema de seguridad adecuado", afirmó Patiño.