Admiten demanda contra el Presidente por violación a libertad de expresión y de prensa

En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) que cuestionó la forma como el presidente, en su rol de jefe de Estado, incurre en señalamientos y generalizaciones peligrosas contra los medios de comunicación y contra los y las periodistas del país.

El auto de admisión ordenó informar a la comunidad sobre la existencia del proceso a través de un medio de comunicación o de cualquier otro mecanismo. Desde la Fundación, se hace un llamado a los colombianos a defender sus derechos a la información y a la libertad de prensa.

Además, el Tribunal vinculó al proceso a la Defensoría de Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.

En diversos eventos oficiales, declaraciones de prensa y en sus redes sociales, Petro, de acuerdo con la demanda, ha hecho críticas injustificadas, ha agredido y ha atacado a los medios, violando, así, y de manera grave derechos fundamentales y servicios públicos esenciales:
1. El derecho a la libertad de expresión y prensa, en su dimensión colectiva, ocasionando una violación grave a preceptos fundamentales que rigen el Estado de Derecho.

2. El derecho colectivo a la moralidad administrativa, que exige que los servidores públicos actúen con rectitud.

3. El servicio público a la comunicación y acceso a la información, que está ligado con la protección de la libertad e independencia de los medios de comunicación y de los periodistas.

“Las declaraciones del Presidente en contra de medios de comunicación y periodistas, que van en aumento y son cada vez más graves, podrían implicar que los y las periodistas se abstengan de informar de manera libre a la opinión pública. El Presidente y miembros de su gobierno, además, han estigmatizado la labor periodística, lo que pone el peligro a quienes se dedican a este oficio”, explicó Andrés Caro, director de la Fundación.

En su demanda, la Fundación para el Estado de Derecho analizó y recopiló la información de los mensajes en los que el Presidente de la República estigmatiza negativamente a los medios de comunicación. También mostró el deterioro de los indicadores de libertad de prensa: citó informes publicados este año por diferentes organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación para la Libertad de Prensa.

Vale aclarar que la demanda, que se suma a otras voces que ya se han pronunciado frente a esta situación, pretende proteger los derechos fundamentales mencionados, pero también exige que (i) el Presidente se abstenga de emitir comentarios públicos que desacrediten, intimiden o etiqueten negativamente a los medios de comunicación y a los periodistas del país; (ii) que ofrezca excusas públicas; (iii) que se respete la independencia de los medios de comunicación, prohibiéndole cualquier intento de censura directa o indirecta, incluyendo presión para retirar pautas en medios críticos del Gobierno, así como mantener la información sobre la pauta oficial disponible al público y evitar la concentración en medios afines, y (iv) que se garantice la protección efectiva de los periodistas en riesgo.