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Judicial

Alcalde de Cartagena afrontará cargos por compras irregulares de pruebas de covid-19

Aparentemente, la administración de Cartagena eligió una empresa que no contaba con los recursos para suministrar las pruebas

30 de noviembre de 2022

Cristian Acosta Argote

cacosta@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra William Dau Chamatt, alcalde de Cartagena, por presuntas irregularidades en la compra de 10.000 pruebas rápidas para detectar infección por covid-19. Álvaro José Fortich Revollo, exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, también deberá enfrentar cargos por el mismo hecho.

El ente de control asegura que la administración de Cartagena eligió a la empresa Ventas, Distribución y Marketing para suministrar los kits sin que esta tuviese la capacidad de proveer las pruebas. La Alcaldía declaró un incumplimiento del contrato que ascendía a $725 millones.

La Procuraduría aseguró que la falta de capacidad del contratista “ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato No. 008 de 2020, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia, que eran la necesidad de contar con un diagnóstico oportuno que permitiera a las autoridades en salud una respuesta inmediata a la crisis de salud pública y social generada para el coronavirus”.

El Ministerio Público agregó que la empresa no tiene autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para comercializar las pruebas rápidas para covid. Además, los precios del trato estaban por encima de lo ofrecido por otros laboratorios "acreditados y reconocidos".

Fortich Revollo es sindicado de elaborar el documento contractual entre la administración de Cartagena y la empresa. Aparentemente, el exfuncionario no verificó la idoneidad de la organización para ejecutar el trato. Asimismo, el papel contenía una justificación diferente, pues, presuntamente, estaba pactado el suministro de insumos sanitarios para prevenir el virus, mas no la adquisición de pruebas rápidas.

"Por esos hechos la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de moralidad y eficacia, y calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima", dijo el Ministerio Público.

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