Alertan por cantidad de homicidios por sicariato en área metropolitana de Barranquilla

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó este viernes 9 de junio la alerta 022 de 2023 para las distintas instituciones del Estado colombiano, al tiempo que dijo que el 85% de las muertes violentas registradas en el Distrito de Barranquilla y su área metropolitana corresponden a la modalidad de sicariato. Además, afirmó que bandas criminales extranjeras subcontratan a las colombianas para tener presencia en este territorio.

“Hemos emitido 45 recomendaciones en la alerta 022 de 2023 para las distintas instituciones del Estado colombiano, pero es muy importante llamar la atención en varios de ellos. Uno de los fenómenos que se presenta es el escalamiento del conflicto por el control de las rentas y de las economías ilícitas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y las estructuras del crimen organizado.

En segundo lugar, llamar la atención sobre los diferentes enfrentamientos, las confrontaciones al interior de las organizaciones de crimen organizado, donde ya se han registrado retaliaciones, ajustes de cuentas y también las disputas de poder para ellos lograr el control, la hegemonía de la población civil”, sostuvo Camargo.

Apuntó que en tercer lugar se encuentra la utilización de estrategias de intimidación y de terror a la población, para controlar el expendio local de sustancias sicoactivas. “Una figura que hemos encontrado en el marco del monitoreo, a través de estas alertas tempranas, es el de imponer límites urbanos a la libre movilidad de los pobladores y es lo que hemos conocido como las ‘fronteras invisibles’.

Es decir, un grupo armado ilegal y de crimen organizado llega hasta donde arranca el otro para lograr un control o una hegemonía sobre determinada población, generando pánico, zozobra, temor e intimidación”.

Añadió que en la gobernación criminal que estos grupos criminales han venido desarrollando y que se ha presentado de manera recurrente son las extorsiones a sectores del aparato productivo como son los transportadores, los comerciantes tenderos y a los comerciantes formales e informales.

“Dentro del cobro coactivo encontramos también el cobro de extorsiones en las viviendas, en lo que se conoce como ‘la seguridad comunitaria’. Porque vamos a observar que lo que buscan los grupos armados ilegales y de crimen organizado del orden local, es lograr afincarse en los barrios, en las veredas, en la base comunitaria, en las distintas poblaciones”.

De igual manera alertó sobre cómo a través del cobradiario o el gota a gota, estas bandas se imponen en los territorios. “También encontramos que de manera recurrente se vienen presentando hechos de violencia sexual y también amenazas a distintos miembros de la comunidad y, sobre todo, a los servidores públicos que desarrollan sus actividades en entidades educativas”.

Indicó que los grupos ilegales que están operando en Barranquilla y su área metropolitana son los sucesores del paramilitarismo. “Encontramos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, Los Nuevos Rastrojos, como también el frente Flamingo Márquez y Los Rastrojos Caleños. Los grupos locales y regionales de criminalidad organizada como son Los Costeños, Los Papalopez, Los Vega, Los Pepes y Clan Sombra. Y encontramos también las estructuras trasnacionales”.

Sobre estos últimos precisó que “no es que estén operando esas estructuras trasnacionales aquí en Barranquilla y en los municipios circunvecinos, lo hacen a través de la figura de la tercerización y la subcontratación por parte de las estructuras criminales como Los Malian, El Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa y el Cartel de Los Balcanes”.

Población en riesgo

Advirtió que la población que está en riesgo es la de orientación sexual e identidad de género diverso; los comerciantes formales e informales, los líderes sociales, las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y comunitarias; los docentes y estudiantes universitarios; el segmento poblacional de los niños, niñas y adolescentes; así como las personas en proceso de reincorporación, hoy llamadas firmantes y signatarios del Acuerdo de Paz y como objeto especial de especial protección a los periodistas.

“Que hemos llamado la atención desde la Defensoría del Pueblo, porque es una situación que se viene presentando a nivel país, no solamente en el Departamento del Atlántico, donde se han registrado ataques y situaciones de riesgo contra los periodistas y todos aquellos que ejercen la profesión u oficio de la comunicación social”.

Afirmó que la amenaza está debidamente individualizada, porque es el enfrentamiento entre las distintas estructuras armadas ilegales por el control de las economías ilegales y las economías ilícitas,

“donde hemos podido evidenciar situaciones de disputa y de retaliaciones de las distintas estructuras. También hemos identificado las condiciones de vulnerabilidad y sobre lo cual es importante llamar la atención a falta de condiciones para la superación de los escenarios de riesgo advertidos. Vemos mucha precariedad, mucha deficiencia desde el punto de vista social, la falta de asistencia por parte del Estado, en términos de inversión social”.

Las cifras de la criminalidad

El Defensor del Pueblo dio a conocer que el número de asesinatos en el primer trimestre del año 2023, es la cifra más alta de los últimos tres años. “Nos hemos encontrado 201 homicidios, lo cual representa un aumento del 14% frente al mismo período del año 2022 y el 43% frente al mismo período del año 2021. El 85% de los homicidios presentados en el Distrito de Barranquilla, Malambo, Soledad, Puerto Colombia y Galapa corresponden a la modalidad de sicariato. La cual coincide con la tipología utilizada por los grupos armados ilegales y de crimen organizado”.

En cuanto a las masacres, sostuvo que desde 17 de octubre de 2021 al 19 de marzo de 2023 se han presentado 12 masacres, con 39 víctimas fatales. En el primer trimestre de este año se han presentado cinco masacres.

En cuanto a la práctica de desmembramiento Carlos Camargo sostuvo que entre el año 2021 a la fecha, la Defensoría del Pueblo ha conocido de cinco casos. “Un caso en el primer trimestre del año 2023”.