Álvaro Leyva arremete nuevamente contra Procuraduría por el caso de los pasaportes

El excanciller Álvaro Leyva Durán arremetió nuevamente este lunes contra la Procuraduría General de la Nación, que lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos, acusando una vulneración de su derecho al debido proceso y calificando la decisión como un "atropello revestido de ignorancia supina o dañina intención".

En su mensaje, Leyva también criticó al procurador ponente, Ernesto Espinosa, y aseguró que el fallo tiene un carácter político, adelantando que apelará la resolución.

En un mensaje a través X, Leyva expresó su descontento por la resolución y cuestionó a Espinosa, a quien acusó de desconocer principios fundamentales del derecho. “El señor Ernesto Espinosa seguro confundió a Hans Kelsen con un jugador de fútbol alemán y su genial pirámide normativa con las pirámides de Giza, Keops, Kefrén y Micerinos”, afirmó, arremetiendo contra el procurador por lo que consideró un profundo desconocimiento de la teoría jurídica.

Leyva consideró que la sanción disciplinaria priorizó una resolución interna de la Procuraduría sobre normas de mayor jerarquía, como el Código General Disciplinario y la Constitución. “¿De cuándo acá resolución mata ley? Ni la Constitución ni ninguna de las dos leyes faculta esa barbaridad”, agregó el excanciller, sugiriendo que el fallo es nulo y anunciando que “todo se irá conociendo”.

El caso que originó la sanción está relacionado con la decisión de Leyva de frenar una licitación para la expedición de pasaportes, contrato que había sido adjudicado a la firma Thomas Greg & Sons. La Procuraduría argumentó que su actuación vulneró principios de transparencia y eficacia en la contratación pública, lo que justificó la inhabilitación.

Leyva, quien ya había adelantado que apelaría la decisión, insistió en que las pruebas presentadas por su defensa fueron "groseramente desconocidas". También reiteró su acusación de que la decisión de la Procuraduría responde a intereses políticos, mencionando que días antes se había previsto una resolución diferente, lo que fortalecería su argumento de que la sanción carece de sustento jurídico.

En su pronunciamiento, concluyó que la resolución "enterró mi derecho inalienable al debido proceso" y dejó claro que, si fuera necesario, recurriría a los jueces de la República, a quienes consideró autónomos e independientes.