Armando Benedetti enfrentará una audiencia por injuria agravada en la Corte Suprema
Según la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación, Benedetti, a través de publicaciones en la red social X, acusó a Arbeláez de ser "ladrona" y "corrupta"
21 de marzo de 2025
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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha decidido asumir el proceso penal contra el ministro de Interior, Armando Benedetti, por el delito de injuria agravada. Este caso surgió a raíz de las declaraciones que Benedetti hizo en redes sociales en contra de la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Lina María Arbeláez.
Según la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación, Benedetti, a través de publicaciones en la red social X, acusó a Arbeláez de ser "ladrona" y "corrupta". Estos mensajes fueron compartidos en varias fechas: el 23 de abril, el 17 de julio y el 22 de agosto de 2022, cuando Benedetti era asesor presidencial.
El caso comenzó en un juzgado de Bogotá, donde se había programado una audiencia para el 25 de febrero. Sin embargo, la defensa de Benedetti solicitó que el asunto fuera trasladado a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el ministro tiene fuero de atracción debido a su cargo. Aunque los hechos ocurrieron antes de que Benedetti asumiera ese puesto, la Sala determinó que el fuero se activa por su condición de ministro, lo que significa que el juzgado que estaba manejando el caso ya no tiene competencia.
Como resultado, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema se encargará del proceso y continuará con su tramitación mientras Benedetti mantenga su estatus de ministro. El caso se está llevando a cabo bajo un procedimiento especial abreviado, que combina las audiencias de acusación y preparatoria en una sola sesión.
La Sala ha convocado a las partes a una audiencia programada para el jueves 24 de abril a las 8:00 a.m.. Durante esta sesión, se formalizará la acusación y se abordarán las solicitudes probatorias presentadas por ambas partes.
Este caso resalta el alcance del fuero de atracción que tienen los altos funcionarios del Estado, incluso cuando los hechos en cuestión ocurrieron antes de que asumieran sus cargos. La decisión de la Corte Suprema marca un precedente importante en este contexto.
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