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Judicial

‘Cartel de la Seguridad’ pagará más de $14.000 millones en multas

Siete compañías incurrieron en prácticas anticompetitivas

31 de enero de 2018

David Jáuregui Sarmiento


Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Superintendente de Industria y Comercio (Ad-Hoc), Mónica Ramírez Hinestroza, ratificó las sanciones impuestas a siete empresas prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia privada por la manipulación, a través de prácticas anticompetitivas, de numerosos procesos de contratación estatal.

Las sanciones impuestas, anunció la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Pablo Felipe Robledo, ascienden a una suma global superior a $14.000 millones y recaen sobre las empresas Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda y Security Management Group, y 14 personas naturales vinculadas con dichas compañías.

“La práctica anticompetitiva sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio consistió en que las empresas de vigilancia sancionadas simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas, pero en realidad actuaban de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto Jorge Arturo Moreno Ojeda, engañando a las distintas entidades públicas contratantes”, explicó la entidad.

Entre las entidades públicas afectadas por la violación de la libre competencia económica, que se denominó el ‘Cartel de la Seguridad Privada’, se encuentran la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Coldeportes, la Fuerza Aérea, el Sena, Emcali, así como el Distrito de Bogotá y varios municipios del país.

El descubrimiento del cartel de la vigilancia se remonta a 2011, cuando el Icbf puso en conocimiento de la SIC la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de la una licitación pública. El Instituto informó que en el curso de la licitación Starcoop y Guardianes se presentaron como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos empresas ganara el proceso licitatorio.

“Las tarifas del sector de la vigilancia privada son reguladas cada año por la Superintendencia de Vigilancia, razón por la cual resulta imposible realizar algún tipo de práctica anticompetitiva, de la cual injustamente se nos ha acusado y sancionado con multas millonarias (...) seguiremos defendiendo nuestra conducta, la cual consideramos intachable”, declaró Guardianes en una misiva dirigida a LR.

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