Caso Petro duraría años en la Corte Internacional de DD.HH.

De aceptarse la demanda que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para tumbar el fallo del procurador Alejandro Ordóñez, que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargo público, el estudio del caso duraría entre los siete y diez años. 

Por ello, la defensa del primer mandatario capitalino trata desde octubre que se le otorgue una medida cautelar, por parte de la Comisión de Derechos Humanos (Cidh), para que, mientras transcurran los trámites, se suspendan los efectos de la decisión de la Procuraduría. Tal situación le permitiría continuar en su cargo, hasta el final de su mandato.

Es decir, la estrategia jurídico política está enfocada en retardar a toda costa la ejecución del fallo. De ahí que en tiempo récord, Petro haya viajado a Washington, EE.UU., desde el pasado miércoles, para tocar las puertas de la Cidh.

El argumento es por partida doble. Por un lado, está el hecho de que para la defensa de Petro, la decisión de Ordóñez es una "violación flagrante de los derechos políticos" del alcalde, pero ahora también se esgrime que el problema también es contra las garantías civiles de los bogotanos que por él votaron.

"La Procuraduría violó los derechos políticos, que son derechos humanos de 732.000 ciudadanos y ciudadanas bogotanas y los míos", señaló Petro desde EU.UU.

Esta es, precisamente, la idea que tienen del proceso en la Comisión. En declaraciones, desde Washington, el secretario Ejecutivo de la institución, Emilio Álvarez, señaló que "la Comisión es la puerta de entrada a la Corte y al Sistema Interamericano. Para lo cual el argumento que se pone a consideración es que no se trata solo de los derechos del alcalde sino también de todos los que por él votaron".

Larga espera

Lo que está proponiendo Petro es que se inicie un proceso, que de darse, duraría entre siete y diez años, como se ha visto en casos similares anteriores como el caso del alcalde venezolano Leopoldo López contra el Gobierno de Venezuela, que duró cinco años en la Corte y dos en la Comisión.

En ese caso, al mandatario local de Chacao en Venezuela, se le restituyeron la totalidad de sus derechos políticos.

"La Corte ha sido clara en que solamente una sentencia penal puede arrebatar esas facultades de los ciudadanos. Es decir, que queda claro que las facultades disciplinarias no pueden limitar derechos políticos, porque siempre debe intervenir un juez en este tipo de procesos. Según la Corte, no puede ser que una autoridad administrativa que no da garantías judiciales produzca un fallo de esta naturaleza", indicó a Colprensa José Fernando Flórez Ruiz, politólogo y profesor de la Universidad Externado de Colombia,.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, como lo subrayó el vicepresidente Angelino Garzón, que "la Comisión hace recomendaciones que no inciden en las instituciones del Estado. Diferente a lo que pasa en la Corte, cuyas decisiones son sentencias que deben ser acatadas".

El gobierno ha indicado que será fiel a las decisiones que adopte la justicia.

¿Qué sigue?

Aunque técnicamente contra la decisión de la Procuraduría solo existe el recurso de reposición, en el que Ordóñez analiza si quiere modular, cambiar o tumbar el fallo contra Petro, la defensa del mandatario distrital tiene pensado, además de la salida internacional, seguir con los trámites ante la Fiscalía para tratar de que se abra investigación formal contra el procurador.