Tribunal Ciadi ordenó al Gobierno de Colombia pagar US$379,8 millones a Telefónica

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) resolvió en favor de Telefónica el procedimiento que enfrentaba al grupo de telecomunicaciones con el Estado colombiano. Este lío judicial es debido a varias medidas adoptadas por el país a un pleito judicial que viene 'caminando' desde hace 30 años.

Es así como el Ciadi le ordenó al Gobierno colombiano pagarle US$379,8 millones como parte de un proceso de arbitraje.

Colombia también fue condenada a pagar los honorarios legales de Telefónica por el proceso legal que comenzó en febrero de 2018 y los intereses compuestos a una tasa del 5% como compensación por los daños causados.

Es decir, la condena incluye honorarios de los abogados y los correspondientes intereses.

"El Tribunal ha considerado que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica", dijo la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores de España.

El origen del conflicto judicial tiene como punto de inicio un laudo arbitral colombiano que condenó en a mediados de 2017 a ColTel, filial de la Teleco española, a cancelar $1.652 millones por los activos usados para implantar su telefonía móvil en Colombia desde 1994. Hay que recordar que el Ciadi, en su momento, condenó también a Claro a pagar $3.100 millones.

El Estado argumentó que con la terminación de la concesión ambas compañías debían reintegrar no solo el valor del espectro radioeléctrico (las frecuencias por donde se transmite la señal de telefonía móvil), sino toda la infraestructura que le había prestado el Estado (conexiones, frecuencias y demás) pero cuya mejora fue costeada por las dos compañías telefónicas.

También en este punto y para entender la decisión y el contexto en el que se da, hay que remontarse a 1994, momento en que el Gobierno pactó con ambas (Telefónica y Claro) los contratos de concesión para la puesta en servicio de la telefonía móvil en el territorio nacional, documentos en los que se establecía una cláusula de reversión de activos.

Pero el Gobierno nacional promulgó, en 1998, una ley (confirmada años después) en la que se eliminó esa reversión de activos para permitir que las operadoras realizaran las inversiones multimillonarias que requerían el despliegue de redes y en las mejoras en el servicio de telefonía móvil.

Sin embargo, la Contraloría General de la República, en el 2013, revisó las leyes promulgadas en su momento y decidió que dichas leyes se mantendrían en firme pero, al mismo tiempo, se debían respetar las cláusulas de reversión de los contratos de concesión al haberse firmado antes de las fechas de expedición de esas normas.

Este proceso específicamente inició el 2 de febrero de 2018, cuando Telefónica S.A. inició un procedimiento de arbitraje internacional en contra de Colombia ante el Ciadi. En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado que afectaron las inversiones de Telefónica en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en donde Telefónica tiene participación mayoritaria.

La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas medidas para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia. Como consecuencia de dichas medidas, Telefónica tuvo que pagarle al Estado US$ 379.804.275.55 en 2017.

Telefónica argumentó en su momento que las medidas que llevaron a dicho pago, incluyendo por parte de la Corte Constitucional y otras entidades del país, fueron implementadas en violación del
Appri, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Para resolver la disputa, se constituyó un tribunal arbitral internacional compuesto por un panel de tres miembros.

Tras agotarse todo el procedimiento arbitral, ayer martes 12 de noviembre, el Ciadi notificó a Telefónica el laudo del Tribunal relativo a esta disputa. El Tribunal, en su decisión, consideró que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica de acuerdo con el Articulo 2(3) del Appri, y por eso condenó al Estado a pagar la cantidad de US$380 millones, más intereses compuestos a una tasa del 5% por concepto de compensación por los daños ocasionados, es decir, la totalidad del monto principal y de intereses reclamados por la empresa.