Comienza juicio contra directivos de Sig Sauer por tráfico de 35.000 pistolas en Colombia

Según reportó The Washington Post, ayer inició el juicio contra los directivos y trabajadores de la empresa alemana Sig Sauer, quienes fueron sindicados por haber vendido ilegalmente más de 35.000 armas de corto alcance en Colombia, de 2009 a 2012. La compañía se arriesga a recibir una multa cercana a US$1 millón y los empresarios podrían pagar hasta cinco años en prisión.

Las autoridades alemanas pudieron establecer que la compañía había realizado un entramado comercial para vender las armas que fabricaba desde su filial de Estados Unidos. Según estipulan las normas alemanas, las empresas productoras de armamento no pueden comercializar sus productos en países que se encuentren en medio de un conflicto social y armado.

Sin embargo, mediante la modalidad de un falso flujo comercial, la empresa Sig Sauer se soportó en los controles binacionales con el país norteamericano para comercializar ilegalmente este armamento. Otro punto que demostraron las investigaciones fue que no existía permiso ni autorización alguna por parte de las autoridades nacionales para garantizar la comercialización de armamento.

En 2014, la Cancillería Alemana encontró serias irregularidades en los contratos de comercialización de esta compañía. Con base en las indagaciones preliminares, suspendieron la licencia de venta en el país. Según reportaron las autoridades alemanas, la empresa habría obtenido cerca de US$15.000 millones en la venta de este armamento.

El senador Fernando Nicolás Araujo, del Centro Democrático aseguró que “hay una corresponsabilidad entre los países de estas empresas productoras de armamento y los países que recibimos enormes cantidades de tráfico ilegal de armas, por eso es que se deben crear mejores herramientas transnacionales”.

Por su parte, el representante del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, aseguró que “es importante que se hagan controles más efectivos sobre el tráfico de armas en el país”. Talero también afirmó que esta es una problemática endémica, que se viene cultivando desde hace muchos años.

Otro punto que demostró la investigación es que varias de estas armas terminaron en poder de la Oficina de Envigado, las Bacrim y los paramilitares. Las autoridades alemanas aseguraron que estas armas también fueron utilizadas por algunos miembros de la fuerza pública para realizar ejecuciones extrajudiciales.

“A esta empresa, como mínimo, deben aplicarse las consecuencias jurídicas nacionales del caso”, explicó Juan José Castro, socio de Castro Peláez, “porque generó un daño al país”.