Comisión de Acusación pidió al CNE remitir investigaciones contra campaña Petro

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entregue las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro.

Las investigaciones estarán a cargo de Alirio Uribe Muñoz, Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Carrillo Mendoza, según el comunicado de la Comisión. Ellos tendrán como objetivo determinar si la campaña de Petro cumplió con las normas constitucionales y legales en cuanto a los límites y fuentes de financiación.

“La Comisión de Investigación y Acusación de manera autónoma y oficiosa solicita a través de providencia al Consejo Nacional Electoral – CNE las investigaciones que ante esta autoridad cursan contra el Presidente de la República por hechos relacionados con la financiación de su campaña, pues ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al Presidente de la República la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política".

"Razón por la que paralelamente a las investigaciones que adelante el CNE respecto de las personas sobre las que tiene competencia se adelanta en esta célula del Congreso la investigación integral de los gastos de la campaña, específicamente respecto del Presidente de la República tanto en lo que tiene que ver con los topes establecidos para la misma como en lo que se relaciona con las fuentes de su financiación, pues el fuero constitucional es personal, integral y extensivo según la jurisprudencia constitucional”, señala el comunicado.

La Comisión pide la cooperación del CNE para poder acceder a los detalles específicos de las investigaciones que han llevado a cabo. En esto está incluido revisar la documentación y testimonios allegadas por la autoridad electoral y el ordenar la incorporación de las pruebas documentales que se consideren pertinentes para conocer los hechos.

Agregan que el compromiso de ellos es que el país conozca realmente si la campaña presidencial cumplió con la ley y la Constitución, “procediendo con respeto a los derechos del investigado y de los demás sujetos procesales involucrados a efecto de lograr verdad y justicia en este asunto de trascendencia nacional que hoy se encuentra a nuestro cargo”.