Abogados proponen modificar a la Superintendencia de Industria y Comercio
Especialistas preparan la propuesta y creen que la entidad tendría que dejar algunos campos de acción
26 de agosto de 2019
Al cumplirse diez años de aplicación del régimen de la Libre Competencia en el país, un grupo de abogados prepara la propuesta de reforma y modernización al mismo. Los autores hablaron en AL sobre su propuesta.
¿Por qué reformar el régimen de libre competencia?
Todo esquema de libre competencia tiene su ciclo y llegó la hora de comenzar a hacer algunos ajustes a las normas de procedimiento en Colombia para garantizar el debido proceso y la eficacia. La idea no es impedir la aplicación del derecho de la competencia. Estamos convencidos que este principio es fundamental y genera competitividad en el país.
¿Cómo modificar las investigaciones?
Anato solicita a la Superintendencia de Industria investigar a la Iata por limitar la libre competencia
La idea es que los tiempos de las investigaciones, en especial para las personas naturales, sea claro porque hoy la Superintendencia hace visitas en etapa preliminar, las personas sienten que están siendo investigadas y duran años sin saber claramente si están siendo o no investigados.
Además es muy importante que no sea la misma persona que acusa, la que define.
LOS CONTRASTES
Pablo Felipe RobledoExsuperintendente de Industria y Comercio
“Muchas de estas propuestas obedecen a algo muy colombiano: ya que esto funciona, cambiémoslo. La SIC como se ha demostrado en los últimos 10 años es una entidad que funciona y hace su trabajo”.
Felipe OrtegónAbogado de derecho comercial
“Todas esas iniciativas lo que buscan es la realización de principios importantes como la seguridad jurídica y que se garanticen el derecho administrativo sancionatorio, debido proceso y defensa”.
En la etapa preliminar ¿Qué garantías debe haber?
En el mundo están prohibidas las expediciones de pesca y la sentencia de la Corte Constitucional de 2019 es totalmente clara en que la autoridad no necesita orden judicial para hacer las visitas, pero sí informar y determinar qué está averiguando y cuáles son los hechos para que la persona pueda declarar sobre ello y no sobre otras cosas. Los documentos recaudados deben estar relacionados con ese hecho.
¿Están de acuerdo con aumentar las multas?
Las multas son una parte de los instrumentos de la autoridad, pero hay que ir más allá. En este momento el problema es que entre cero y 100.000 salarios mínimos de multa, no hay previsibilidad y la diferencia de casos a veces no se identifica. Es una regla básica de un Estado de derecho, con rigor pero previsibilidad. Aquí no es costumbre hacer seguimiento y determinar la efectividad de las multas, no es posible debatir su valor si no sabemos realmente si están funcionando.
¿Cómo más podrían pagar las empresas?
Hoy el sistema no tiene ninguna relación entre las actividades de la Superindustria y la reparación social. Se puede recaudar mucho dinero pero el impacto en el mercado no se conoce. La política también debería estar dirigida a restaurar el daño a los consumidores.
¿Qué más debería modificar la reforma?
La arquitectura de la autoridad de competencia, sería mucho más conveniente que sea colegiada e independiente del Gobierno. También es necesaria una separación entre quien investiga y quien sanciona. La Superintendencia debe ser especializada porque hoy tiene muchas funciones.
Otro problema es que nuestro catálogo de prácticas anticompetitivas es de 1992. Desde eso ha evolucionado la restricción de la competencia.
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