Conozca los cambios en el sistema penitenciarios propuesto por el Gobierno Petro

A través de un documento de 46 páginas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer los cambios que planeó para el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia con el que busca, entre otras cosas, “humanizar la política criminal y penitenciaria, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”.

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Dicho borrador, que fue presentado a expertos en derecho penal y penitenciario, y que luego será deliberado por el Congreso y con el cual se espera reformar el Código Penal, tiene entre su principal propuesta crear una oficina de Derechos Humanos en cada reclusorio para monitorear y hacer seguimiento a las garantías de los 98.000 presos. Según aclara el documento, cada condena que se emita en Colombia, desde lo penal, tendrá una función restaurativa a favor de la sociedad.

Otra propuesta, y tal vez de las más destacadas, es la participación que entrarían a tener los ministerios de Educación y Trabajo en el nuevo proyecto de ley, así como el Sena y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, cuyo objetivo es la inclusión en sociedad de los excombatientes guerrilleros. De esta forma las cárceles ya no serán catalogadas como de máxima, mediana o mínima seguridad pues de aprobarse el proyecto de ley, estas se dividirían en cuatro niveles que corresponden a distintas fases de “preparación para la libertad”.

En el borrador también se propuso la creación de un bono de redención por educación, es decir que el recluso que se certifique en programas de educación formal y no formal obtendrá un beneficio de ocho días por cada mes que participe en las actividades.

De otro lado, El Ministerio de Industria y Comercio también tendría un rol fundamental en la gestión, creando un esquema de formación para el trabajo independiente y la comercialización de productos manufacturados en la cárcel y el Ministerio de Educación podría estar a cargo de impulsar alianzas con universidades y colegios.

Entre los beneficios y cambios previstos para los condenados están que accedan un permiso de 72 horas mensuales una vez cumplan 25% de la pena. Actualmente esta ayuda aplica cuando se cumple 33% del tiempo que pasará en prisión.

Lo requisitos para acceder a el beneficio son la acreditación por parte del interno donde deberá certificar que participó en los programas de justicia restaurativa. En el caso de las mujeres condenadas que tengan hijos menores de edad, cumpliendo con los requisitos, podrán llegar al permiso de 72 horas mensuales una vez hayan descontado 15% de la pena en su contra.

En cuanto al beneficio de libertad los fines de semana, la idea es realizar un cambio en porcentaje de tiempo cumplido por el preso, es decir que deberán haber cumplido 40% de la pena ya que en la actualidad, el requisito está en 80%.

Sin embargo, el recluso deberá cumplir con otras condiciones que se tendrán en cuenta. Por ejemplo, que se haya observado buena conducta dentro de la cárcel, haber disfrutado del beneficio de las 72horas mensuales sin reportar problema alguno, no tener órdenes de captura en contra, no registrar intentos de fuga y, por supuesto, haber contribuido con los programas de estudio, trabajo y de justicia restaurativa.

Justicia restaurativa

En cuanto al fortalecimiento de la justicia restaurativa, el Ministerio de Justicia busca que, en el futuro, los investigados por delitos que tengan como mínimo ocho años de prisión (en la actualidad, el margen está en los delitos que se castigan con un mínimo de cinco años). Con la salvedad de que no podrán negociar con sus víctimas o familiares de víctimas quienes sean procesados o hubiesen sido condenados previamente por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como el genocidio.

Por ultimo y en continuidad con esa idea se aprobaría la adición de un artículo que les permita a condenados la redención de pena por participación en programas restaurativos. Estos tendrían derecho al reconocimiento de seis horas de participación, que se computarán como si fuesen un día de estudio.

Los nuevos Consejos de Tratamiento y Atención Social Penitenciarios, serán quienes estén a cargo del programa y estarán en cada cárcel con la tarea de diseñar los planes teniendo en cuenta el daño causado por el recluso con la comisión del delito.