El Consejo de Estado condenó a la Nación por homicidio contra militante de la UP

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional para que reparen a los familiares de Jhon Jairo Bermúdez Marín, un militante de la Unión Patriótica.

Bermúdez Marín habría sido desaparecido forzosamente, torturado y asesinado por algunos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, todo esto ocurrido en 2002 en el municipio de Curillo, Caquetá.

ARTÍCULO RELACIONADO

La defensa de Nicolás Petro trasladarán el proceso a la Corte Interamericana de DH

En el pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado colombiano por los hechos que habían terminado con la vida del exmilitante, "lo que condujo a la máxima instancia contenciosa a declarar la cosa juzgada internacional sobre la responsabilidad de la administración en la producción del daño antijurídico".

La Corte Interamericana indicó que el exterminio de los integrantes de la UP se habría manifestado por medio de actos como masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, atentados, asesinatos, amenazas, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados y actos diversos de estigmatización. Hechos con los que, según ellos, habrían contado con la participación de agentes estatales, "así como con la tolerancia y aquiescencia de distintas autoridades".

Actualmente hay procesos penales en los que actores paramilitares, como comandantes, han admitido su responsabilidad por la desaparición forzada, tortura y el asesinato de Bermúdez Marín. El Consejo de Estado indicó que "la organización ilegal causante de esos hechos tenía el apoyo y la colaboración de algunos miembros de la fuerza pública". Por lo que se declararon las demandas administrativas responsables por los perjuicios originados en las tres conductas sufridas por el exmilitante.

Finalmente, el Consejo de Estado ordenó la reparación económica de las víctimas por concepto de perjuicios morales. La Bación, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía deben pagar solidariamente 200 smmlv a la mamá de Bermúdez Marín y 100 smmlv a cada uno de sus cinco hermanos.

Asimismo, se pagarán 50 smmlv a la mamá del exmilitante por daños a la salud, y otros 100 smmlv por violación a bienes o intereses constitucionales y convencionalmente amparados. A sus hermanos se les pagará, a cada uno, 50 smmlv por este último concepto.

También obligó al Estado colombiano a que cumpla las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniarias que le había impuesto la Corte Interamericana por la persecución sistemática, las violaciones a derechos humanos que sufrieron los integrantes de la Unión Patriótica.

Debido a esto, el Estado deberá investigar y sancionar "a los responsables; continuar la búsqueda de los desaparecidos; reconocer su responsabilidad y ofrecer excusas públicas a las víctimas, entre otras medidas restaurativas". Ninguno de estos actos, aclaró el Consejo de Estado, compensará la desintegración de una familia por los hechos graves que sufrieron las víctimas.