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Legislación

El Consejo de Estado traducirá sus decisiones a ocho lenguas indígenas y dos afro

El proyecto tiene como objetivo acercar la institucionalidad y el alto tribunal a estas comunidades que viven en el país

08 de enero de 2020

Natalia Molano Torres


Colprensa Los arhuacos son un pueblo ancestral indígena que habita la vertiente de la Sierra Nevada de Santa Marta. También se les conoce con el nombre de ikus o bintukuas.
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Con el propósito de acercar la institucionalidad y el alto tribunal a las comunidades indígenas y afro, el Consejo de Estado, en cabeza de Lucy Bermúdez, traducirá sus fallos a ocho lenguas indígenas y dos afro entre las que se encuentran Ikun, kamëntsá, kogui, nasa yuwe, tatuyo, uitoto, wiwa, wayuunaiki, además de palenquero y creol.

De acuerdo con la magistrada, la iniciativa se centra en la inclusión de estas comunidades. “El proyecto implica que tengamos traducido a la lengua correspondiente el Código de Procedimiento Administrativo y que tengamos una reseña de las decisiones más importantes para que en la lengua de cada una de estas comunidades, podamos llegar a ellos y decirles que también hacen parte del Estado y que les damos reconocimiento y todo nuestro respeto”, señaló Bermúdez a RCN Radio.

Además de la traducción del Código, la alta corte también tendrá información actualizada en cada una de las lenguas tanto en su página web como en sus redes sociales.

La magistrada que dirige la entidad, la cual encabeza la jurisdicción de lo contencioso administrativo, agregó que otro de los propósitos de incluir estas lenguas también se centra en que los integrantes de esas comunidades tengan a disposición una "justicia abierta multicultural, participativa y transparente".

El plan piloto ya se encuentra en marcha en la página web de la entidad de la Rama Judicial con el título de "El Consejo de Estado en lenguas nativas", en donde se explica cómo está constituida la justicia en las ocho lenguas indígenas, con imágenes didácticas, audios en cada una de las lenguas y vídeos con subtítulos.

Esta sería la primera vez que una alta corte del país tiene este proyecto y entre uno de los retos que implica incluir a las comunidades se destaca que parte de sus integrantes no saben leer o escribir.

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